El valor de la información aquí y ahora

En este artículo publicado en El Economista analizo las iniciativas vinculadas a los canales cortos de comercialización de productos agroalimentarios vistas en el último seminario que la DG AGRI desarrolló en 2018 y donde hablaba de 300 actuaciones en la Unión Europea. Conviene indicar que todavía no existe una regulación específica para estas iniciativas que cada día surgen con más frecuencia para que el consumidor acceda a los productos agroalimentarios son una mayor inmediatez y con los mínimos intermediarios.

En este artículo reflexiono acerca de cómo la industria alimentaria debe afrontar desde el punto de vista legislativo la nueva economía del plástico. En concreto, lo relativo a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del impacto medioambiental de determinados productos de plástico que verá la luz en 2019. Le invito a leerlo en eleconomista.es.

La cadena alimentaria requiere de prácticas comerciales leales y que equilibren las relaciones entre los distintos agentes. La directiva que en breve se aprobará aspira a lograr ese equilibrio evitando prácticas tales como que un proveedor pague por las pérdidas de alimentos producidas en los locales del comprador, uno de los ejemplos de prácticas comerciales desleales que identifica la futura regulación. En este artículo comentamos algunos de los aspectos más destacables. Además, comentamos cuáles son las prácticas comerciales desleales (PCD) se prohíben en la nueva regulación. Les invito a su lectura.

El Derecho alimentario afecta a todos los agentes implicados en la cadena de valor. Sin embargo, la relación es distinta si se trata de un operador alimentario; la industria que produce, comercializa o distribuye; la autoridad competente o un asesor o colaborador. Además, ante cuestiones controvertidas en el ámbito del Derecho alimentario, su aplicación puede variar en función de la administración que lo interpreta. Por todo ello, es imprescindible la colaboración entre las autoridades competentes y los operadores alimentarios para que la interpretación legal se pueda alinear con la realidad social e industrial y sea entendida y aplicada del modo más adecuado posible. Sobre todas estas peculiaridades trata el artículo que he publicado recientemente en El Economista y que te invito a leer.

Una de las cuestiones clave de la Unión Europea en la negociación de acuerdos comerciales con otros países es lograr que se mantengan los estándares de calidad y seguridad alimentaria que se aplican en territorio comunitario. En el siguiente artículo publicado en El Economista, reflexiono acerca de si se está llevando a cabo una buena negociación en lo concerniente al ámbito agroalimentario.

Una vez se produzca la modificación del reglamento 1107/2009 sobre comercialización de los productos fitosanitarios, los bioestimulantes podrán contar con un marco legal armonizado en toda la Unión Europea. En el siguiente artículo publicado en El Economista, reflexionamos acerca de cómo el desarrollo de esta regulación afecta a los bioestimulantes.  

El denominado fraude alimentario es una situación que preocupa tanto a la industria como a los consumidores y las consumidoras. Por ello, resulta necesario delimitar de manera clara qué se entiende por fraude alimentario, así como las posibles consecuencias legales que del mismo se puedan derivar. En este artículo abordaremos una aproximación a los denominados delitos alimentarios. En los últimos meses hemos asistido a la cobertura informativa de varias situaciones consideradas fraudes alimentarios. Así, destaca la inmovilización de 10 toneladas de almejas japónicas u operaciones como Gazel o Catering. La situación ha sensibilizado todavía más a los consumidores y las consumidoras y ha generado preocupación en el sector. En este contexto, se hace necesario indicar qué se entiende jurídicamente por fraude alimentario, analizando asimismo las consecuencias más graves que del mismo puedan derivarse, esto es, las de índole penal. En primer lugar, cabe indicar que no existe una definición legal de fraude alimentario en el ordenamiento jurídico. Ello no obstante, las situaciones descritas generalmente como fraude alimentario sí están recogidas en la normativa nacional, que contempla sanciones administrativas y penales a determinadas conductas. Fraude alimentario en los ámbitos administrativo y penal El incumplimiento de un requisito legal puede conllevar consecuencias tan distintas como la iniciación de un procedimiento sancionador en vía administrativa o de un procedimiento judicial en sede penal. La calificación en uno u otro sentido vendrá determinada por el hecho cometido y por el daño potencial o causado en la salud de los consumidores, reservándose al ámbito penal la regulación de las conductas de mayor gravedad. Delitos alimentarios En el ámbito del Derecho Penal, la doctrina incluye bajo la denominación de delitos alimentarios o fraude alimentario a los delitos recogidos en los artículos 363 a 367 del Código Penal. Asimismo, existen otros delitos fuertemente ligados al sector como el uso fraudulento de Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas Protegidas, o los delitos de estafa. Los artículos 363 a 367 del Código Penal protegen la salud pública, regulando situaciones que pueden poner en peligro o causar graves daños a la salud de las personas. Al tratarse de un delito de peligro, no es necesario que los consumidores y las consumidoras resulten efectivamente afectados o dañados, bastando con la mera existencia de un peligro para su salud para que la conducta sea punible. En este sentido, el delito puede cometerse, aunque ningún consumidor o consumidora haya llegado a ingerir el alimento, si éste estaba preparado o ya puesto a disposición de los mismos. Conforman los delitos alimentarios las siguientes conductas que pongan en peligro o causen graves daños a la salud de las personas, relativas a: Ofrecer en el mercado productos en que se omita o altere los requisitos relativos a su caducidad y composición. Fabricar o vender bebidas o comestibles destinados a consumo público nocivos para la salud. Traficar con géneros corrompidos. Elaborar o comerciar con productos no autorizados y perjudiciales para la salud. Ocultar o sustraer efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.

Compartimos el artículo publicado en El Economista en donde damos nuestra visión sobre la situación legal de los superalimentos y su etiquetado. Destacamos todo aquello que puede conllevar la presentación de un procedimiento de autorización de nuevo alimento, con el correspondiente proceso ante la Comisión Europea, pero si verificamos si se trata de un producto con histórico de consumo, nos ahorrará este tipo de procedimiento. Según la consultora Mintel en su informe GNPD (Global New Products Database), el número de productos lanzados al mercado con los términos de “superfoods”, “superfuit” o “supergrain” se incrementó en un 202% entre los años 2011 y 2015. Al mismo tiempo que se amplía la lista de nuevos superalimentos, aumentan los lanzamientos de nuevos productos que los incluyen en sus formulaciones. Ante esta situación, en este artículo escribimos para El Economista la situación legal de los mismos. Queremos compartirlo y contribuir de esta manera a facilitar la labor de todos aquellos profesionales de empresas alimentarias que en su día a día se encuentran con problemas de interpretación o sin saber cómo deben actuar a la hora de etiquetar estos alimentos. Si somos de ayuda, estamos a vuestra disposición. También, si te interesan los temas de Derecho Alimentario, te animamos a que sigas este blog y te unas a nuestro grupo en LinkedIn donde podrás participar en una comunidad de profesionales con inquietudes similares y con el interés de estar a la última en las novedades de legislación alimentaria. El Economista Superalimentos

En el ámbito del Derecho Penal empresarial destaca la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional. El establecimiento de una Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ) no exime per se la responsabilidad de la persona física, que se mantiene en el artículo 31 de nuestro Código Penal. Por tanto, cabe la condena de una persona física y de la persona jurídica. La novedad reside pues, en que ahora es posible condenar a una persona jurídica, es decir, a una empresa, por un delito cometido en la misma. Se configura así un estatuto penal que contiene el ámbito subjetivo, esto es, quién puede ser responsable, las acciones consideradas delitos y las penas que pueden imponerse a las mismas. El artículo 31 bis del Código Penal determina que cualquier persona jurídica es susceptible de responsabilidad penal, exceptuando expresamente a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Se establecen como una excepción a la excepción, las entidades públicas que hayan sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. ¿Cuándo es responsable penal una empresa alimentaria?   Una vez concretado el ámbito subjetivo, el artículo 31.1 bis del CP establece los criterios de atribución de la responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de uno de los dos siguientes escenarios: la comisión de delitos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto. Las personas físicas tras los mismos deben ser sus representantes legales o aquellos que actúan como un órgano de la persona jurídica y están autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma, u ostentan facultades de organización y control dentro de las mismas. la comisión de delitos en el ejercicio de las actividades sociales, y por cuenta y en beneficio de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas indicadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Por tanto, la persona jurídica o empresa puede ser condenada penalmente bien por los delitos cometidos por sus representantes, o quienes están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa, o quienes tienen facultades de organización y control; o bien por cualquier trabajador de la empresa cuando quienes ostentan dichas facultades no ejercen el control necesario sobre los mismos. Tal y como recoge la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, debe acreditarse la comisión de la infracción penal, individualizando una acción cometida por una persona física, para verificar seguidamente que se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad a la persona jurídica. Ello no implica que la responsabilidad penal de la empresa dependa del reconocimiento judicial de la responsabilidad penal de la persona física. Tampoco excluye la no identificación

Bajo el título «Fraude, derecho alimentario y autocontrol», proseguimos con las colaboraciones periódicas en el suplemento Agro de El Economista, destacado diario económico en papel de los primeros portales económicos de España en su edición digital.