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Gestión global de los alimentos de calidad de la UE

28/06/2018
Una de las cuestiones clave de la Unión Europea en la negociación de acuerdos comerciales con otros países es lograr que se mantengan los estándares de calidad y seguridad alimentaria que se aplican en territorio comunitario. En el siguiente artículo publicado en El Economista, reflexiono acerca de si se está llevando a cabo una buena negociación en lo concerniente al ámbito agroalimentario.

Artículo en El Economista sobre “Bioestimulantes de las plantas, un enfoque legal”

21/05/2018
Una vez se produzca la modificación del reglamento 1107/2009 sobre comercialización de los productos fitosanitarios, los bioestimulantes podrán contar con un marco legal armonizado en toda la Unión Europea. En el siguiente artículo publicado en El Economista, reflexionamos acerca de cómo el desarrollo de esta regulación afecta a los bioestimulantes.  

¿Qué es y cuáles son las consecuencias del fraude alimentario?

16/04/2018
El denominado fraude alimentario es una situación que preocupa tanto a la industria como a los consumidores y las consumidoras. Por ello, resulta necesario delimitar de manera clara qué se entiende por fraude alimentario, así como las posibles consecuencias legales que del mismo se puedan derivar. En este artículo abordaremos una aproximación a los denominados delitos alimentarios. En los últimos meses hemos asistido a la cobertura informativa de varias situaciones consideradas fraudes alimentarios. Así, destaca la inmovilización de 10 toneladas de almejas japónicas u operaciones como Gazel o Catering. La situación ha sensibilizado todavía más a los consumidores y las consumidoras y ha generado preocupación en el sector. En este contexto, se hace necesario indicar qué se entiende jurídicamente por fraude alimentario, analizando asimismo las consecuencias más graves que del mismo puedan derivarse, esto es, las de índole penal. En primer lugar, cabe indicar que no existe una definición legal de fraude alimentario en el ordenamiento jurídico. Ello no obstante, las situaciones descritas generalmente como fraude alimentario sí están recogidas en la normativa nacional, que contempla sanciones administrativas y penales a determinadas conductas. Fraude alimentario en los ámbitos administrativo y penal El incumplimiento de un requisito legal puede conllevar consecuencias tan distintas como la iniciación de un procedimiento sancionador en vía administrativa o de un procedimiento judicial en sede penal. La calificación en uno u otro sentido vendrá determinada por el hecho cometido y por el daño potencial o causado en la salud de los consumidores, reservándose al ámbito penal la regulación de las conductas de mayor gravedad. Delitos alimentarios En el ámbito del Derecho Penal, la doctrina incluye bajo la denominación de delitos alimentarios o fraude alimentario a los delitos recogidos en los artículos 363 a 367 del Código Penal. Asimismo, existen otros delitos fuertemente ligados al sector como el uso fraudulento de Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas Protegidas, o los delitos de estafa. Los artículos 363 a 367 del Código Penal protegen la salud pública, regulando situaciones que pueden poner en peligro o causar graves daños a la salud de las personas. Al tratarse de un delito de peligro, no es necesario que los consumidores y las consumidoras resulten efectivamente afectados o dañados, bastando con la mera existencia de un peligro para su salud para que la conducta sea punible. En este sentido, el delito puede cometerse, aunque ningún consumidor o consumidora haya llegado a ingerir el alimento, si éste estaba preparado o ya puesto a disposición de los mismos. Conforman los delitos alimentarios las siguientes conductas que pongan en peligro o causen graves daños a la salud de las personas, relativas a: Ofrecer en el mercado productos en que se omita o altere los requisitos relativos a su caducidad y composición. Fabricar o vender bebidas o comestibles destinados a consumo público nocivos para la salud. Traficar con géneros corrompidos. Elaborar o comerciar con productos no autorizados y perjudiciales para la salud. Ocultar o sustraer efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.

Superalimentos, ¿Existe un vacío legal?

29/01/2018
Compartimos el artículo publicado en El Economista en donde damos nuestra visión sobre la situación legal de los superalimentos y su etiquetado. Destacamos todo aquello que puede conllevar la presentación de un procedimiento de autorización de nuevo alimento, con el correspondiente proceso ante la Comisión Europea, pero si verificamos si se trata de un producto con histórico de consumo, nos ahorrará este tipo de procedimiento. Según la consultora Mintel en su informe GNPD (Global New Products Database), el número de productos lanzados al mercado con los términos de “superfoods”, “superfuit” o “supergrain” se incrementó en un 202% entre los años 2011 y 2015. Al mismo tiempo que se amplía la lista de nuevos superalimentos, aumentan los lanzamientos de nuevos productos que los incluyen en sus formulaciones. Ante esta situación, en este artículo escribimos para El Economista la situación legal de los mismos. Queremos compartirlo y contribuir de esta manera a facilitar la labor de todos aquellos profesionales de empresas alimentarias que en su día a día se encuentran con problemas de interpretación o sin saber cómo deben actuar a la hora de etiquetar estos alimentos. Si somos de ayuda, estamos a vuestra disposición. También, si te interesan los temas de Derecho Alimentario, te animamos a que sigas este blog y te unas a nuestro grupo en LinkedIn donde podrás participar en una comunidad de profesionales con inquietudes similares y con el interés de estar a la última en las novedades de legislación alimentaria. El Economista Superalimentos

La responsabilidad penal de la empresa alimentaria

13/12/2017
En el ámbito del Derecho Penal empresarial destaca la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional. El establecimiento de una Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ) no exime per se la responsabilidad de la persona física, que se mantiene en el artículo 31 de nuestro Código Penal. Por tanto, cabe la condena de una persona física y de la persona jurídica. La novedad reside pues, en que ahora es posible condenar a una persona jurídica, es decir, a una empresa, por un delito cometido en la misma. Se configura así un estatuto penal que contiene el ámbito subjetivo, esto es, quién puede ser responsable, las acciones consideradas delitos y las penas que pueden imponerse a las mismas. El artículo 31 bis del Código Penal determina que cualquier persona jurídica es susceptible de responsabilidad penal, exceptuando expresamente a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Se establecen como una excepción a la excepción, las entidades públicas que hayan sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. ¿Cuándo es responsable penal una empresa alimentaria?   Una vez concretado el ámbito subjetivo, el artículo 31.1 bis del CP establece los criterios de atribución de la responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de uno de los dos siguientes escenarios: la comisión de delitos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto. Las personas físicas tras los mismos deben ser sus representantes legales o aquellos que actúan como un órgano de la persona jurídica y están autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma, u ostentan facultades de organización y control dentro de las mismas. la comisión de delitos en el ejercicio de las actividades sociales, y por cuenta y en beneficio de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas indicadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Por tanto, la persona jurídica o empresa puede ser condenada penalmente bien por los delitos cometidos por sus representantes, o quienes están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa, o quienes tienen facultades de organización y control; o bien por cualquier trabajador de la empresa cuando quienes ostentan dichas facultades no ejercen el control necesario sobre los mismos. Tal y como recoge la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, debe acreditarse la comisión de la infracción penal, individualizando una acción cometida por una persona física, para verificar seguidamente que se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad a la persona jurídica. Ello no implica que la responsabilidad penal de la empresa dependa del reconocimiento judicial de la responsabilidad penal de la persona física. Tampoco excluye la no identificación

Artículo en El Economista sobre “Fraude, derecho alimentario y autocontrol”

12/12/2017
Bajo el título “Fraude, derecho alimentario y autocontrol”, proseguimos con las colaboraciones periódicas en el suplemento Agro de El Economista, destacado diario económico en papel de los primeros portales económicos de España en su edición digital.  

La importancia del derecho alimentario para la industria

28/11/2017
El papel del derecho es relevante por la complejidad y globalización de las actividades en el ámbito de la industria alimentaria. El derecho alimentario tiene conexión directa con dos cuestiones principales: por un lado, la transparencia de las actividades que se desarrollan y por otro, con la reputación de la empresa. Para garantizar la seguridad jurídica de la industria alimentaria, ésta necesita contar con un adecuado asesoramiento de forma que todas las operaciones hayan sido analizadas desde el prisma de la legislación vigente. Un experto en derecho alimentario conoce aspectos muy específicos del derecho que aportan valor para que las empresas puedan realizar su labor con seguridad y de acuerdo a la regulación vigente. Entre los beneficios que conlleva para la empresa contar con este tipo de profesional encontramos: Estar al día de la legislación alimentaria que le aplica en todos sus ámbitos de actividad. Seguridad en la interpretación legal en temas clave relacionados con calidad, seguridad alimentaria y seguridad jurídica aplicada al desarrollo de su actividad. Anticipación ante posibles cambios legislativos.

La responsabilidad penal de la empresa alimentaria: qué es, cómo evitarla

21/11/2017
Nuestra tradición jurídica no permitía que una persona jurídica, es decir una empresa, pudiera ser condenada penalmente. Sin embargo, en 2010 se modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional. Esto supone que cabe la condena de una empresa por actos cometidos en su seno. El cumplimiento de la normativa penal suele ser el gran olvidado de muchas empresas del sector, que se centran en el denominado cumplimiento regulatorio, o de los criterios concretos que resultan de aplicación a los alimentos que producen o a sus instalaciones, entre otros. En este contexto, el Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, ha preparado una serie de cuatro artículos que tratan el tema del compliance penal (programas de cumplimiento) o responsabilidad penal de las empresas del sector alimentario, dando a conocer así a las empresas del sector, con independencia de su tamaño, los requisitos que deben cumplir, aportando los conocimientos y experiencia de su equipo en la materia. El primer artículo será una introducción a la responsabilidad penal de la empresa alimentaria, indicando las condiciones que deben darse para que exista responsabilidad penal, así como el catálogo de delitos que puede cometer una empresa y las penas que le pueden ser impuestas. El segundo artículo, versará sobre las características de los modelos o programas para extinguir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa. Se especificarán los requisitos generales de los modelos de Compliance establecidos en el Código Penal, así como la interpretación que de los mismos realiza la Fiscalía General del Estado. El tercer artículo tratará la posibilidad de atenuar y extinguir la responsabilidad penal de la empresa, introduciendo el corporate compliance, así como los requisitos de exención y de atenuación de la pena aplicable. Finalmente, la cuarta entrega analiza la figura del Compliance Officer como órgano de cumplimiento integrado en la organización de la empresa alimentaria, así como la posibilidad de externalizar dicho control y hasta qué punto. Además, se hará referencia a la relación entre Compliance Officer y Órgano de Administración, y al régimen simplificado aplicable a las empresas alimentarias de pequeño tamaño. Además de identificar los posibles riesgos penales de la empresa alimentaria, con la finalidad de evitarlos, es necesario recalcar la importancia de la defensa Penal Corporativa. Por tanto, cuando se inicie un proceso penal contra la empresa alimentaria ésta deberá estar asesorada por letrados expertos en la materia desde el primer momento. El Departamento de Derecho Alimentario de AINIA cuya trayectoria en el sector de la alimentación es incuestionable, cuenta con un equipo de excelentes abogados a disposición de su empresa. No dude en contactar con nosotros a través de nuestro portal de Derecho Alimentario Lexainia.

La interrelación entre Derecho Mercantil y Derecho Alimentario

09/11/2017
El impacto del “compliance” o “cumplimiento regulatorio” en la industria alimentaria tiene una repercusión sumamente importante. Como el resto de industrias, tiene aspectos vinculados a cuestiones penales, fiscales, etc. además de temas tan importantes como la salud de los consumidores, el fraude en los productos alimenticios, etc. Por ejemplo, cuando una empresa realiza una operación de compra-venta, además de en los plazos, las condiciones con las que se va a recibir ese producto… se debe poner el foco en la cuestiones que tienen que ver con el derecho alimentario. Estas cuestiones pueden ser muy relevantes a la hora de sustanciar cualquier discrepancia entre cliente y proveedor en relación a las características del producto alimenticio o la materia prima. Buen ejemplo de ello lo constituyen los alimentos o materias primas que provienen de un tercer país. en este caso, debemos asegurarnos de que dichas materias primas cumplen con la regulación del país de procedencia, pero también con la legislación alimentaria de la Unión Europea. Este vídeo explica la importancia de tener en cuenta el grado de especialidad que es necesario para el tratamiento profesional de estas cuestiones. Le animamos a que nos aporte su experiencia y opinión sobre este tema a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria. Si lo que le interesa es estar al día de las novedades en Legislación Alimentaria, puede consultar nuestra colaboración en Tecnoalimentalia. En Lexainia, estamos a su disposición para ayudarle en todo aquello que necesite.

La importancia de una correcta fijación de las pretensiones en la vía administrativa

31/10/2017
En la práctica, es habitual que los clientes acudan a sus abogados ante la notificación de una resolución firme en vía administrativa, con la voluntad de interponer el correspondiente recurso en sede judicial. Ahora bien, es importante tener en cuenta que lo actuado previamente ante la Administración vincula el eventual recurso contencioso-administrativo que se interponga, dado el carácter revisor de esta jurisdicción, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento legal adecuado durante la tramitación del procedimiento administrativo. A modo de ejemplo, pensemos en un supuesto de denegación de un título habilitante para el ejercicio de la actividad. En este caso, los términos en que se redacte el eventual recurso en vía administrativa pueden dificultar la revisión de la resolución en sede judicial. En este sentido, las pretensiones formuladas por el recurrente en vía administrativa delimitan el contenido del proceso judicial, de modo que se incurre en desviación procesal, entre otros supuestos, cuando se ejercitan en vía jurisdiccional pretensiones que no fueron objeto de la resolución administrativa impugnada y sobre las que, en consecuencia, la Administración demandada no ha tenido la posibilidad de pronunciarse. Desviación procesal como causa de inadmisión del recurso Si bien el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no contempla expresamente la desviación procesal como causa de inadmisión del recurso, la jurisprudencia viene amparando esta figura, considerando que encajaría en la causa prevista en la letra c) del referido precepto, según el cual se declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones cuando “tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación”. En la jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales de Justicia encontramos multitud de supuestos en los que se ha declarado la inadmisión del recurso por introducir en sede judicial pretensiones nuevas respecto de las planteadas ante la Administración, e incluso cuando se han alterado sustancialmente las pretensiones que sí fueron planteadas en vía administrativa (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1983, 1 de febrero de 1991, 12 de noviembre de 1996 y 10 de junio de 2003). Teniendo en cuenta que no es admisible que se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional, resultan de capital importancia las actuaciones realizadas ante la Administración, máxime si tenemos en cuenta que, como señala el Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 21 de mayo de 1999 o 4 de noviembre de 2003, “el planteamiento de pretensiones nuevas es un defecto insubsanable, ya que afecta a lo que es el objeto del recurso contencioso-administrativo, dentro del cual deben producirse las pretensiones de la parte y la decisión del órgano jurisdiccional“. Pretensiones y motivos, clave en la admisión del recurso contencioso-administrativo No obstante, no puede perderse de vista que el artículo 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introduce una precisión muy importante en relación con la desviación procesal, al disponer que en el

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