El Derecho alimentario afecta a todos los agentes implicados en la cadena de valor. Sin embargo, la relación es distinta si se trata de un operador alimentario; la industria que produce, comercializa o distribuye; la autoridad competente o un asesor o colaborador. Además, ante cuestiones controvertidas en el ámbito del Derecho alimentario, su aplicación puede variar en función de la administración que lo interpreta.
Por todo ello, es imprescindible la colaboración entre las autoridades competentes y los operadores alimentarios para que la interpretación legal se pueda alinear con la realidad social e industrial y sea entendida y aplicada del modo más adecuado posible. Sobre todas estas peculiaridades trata el artículo que he publicado recientemente en El Economista y que te invito a leer.
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