¿Qué es y cuáles son las consecuencias del fraude alimentario?

Laura LópezBy Laura López 11 meses agoNo Comments
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El denominado fraude alimentario es una situación que preocupa tanto a la industria como a los consumidores y las consumidoras. Por ello, resulta necesario delimitar de manera clara qué se entiende por fraude alimentario, así como las posibles consecuencias legales que del mismo se puedan derivar. En este artículo abordaremos una aproximación a los denominados delitos alimentarios.

En los últimos meses hemos asistido a la cobertura informativa de varias situaciones consideradas fraudes alimentarios. Así, destaca la inmovilización de 10 toneladas de almejas japónicas u operaciones como Gazel o Catering.

La situación ha sensibilizado todavía más a los consumidores y las consumidoras y ha generado preocupación en el sector. En este contexto, se hace necesario indicar qué se entiende jurídicamente por fraude alimentario, analizando asimismo las consecuencias más graves que del mismo puedan derivarse, esto es, las de índole penal.

En primer lugar, cabe indicar que no existe una definición legal de fraude alimentario en el ordenamiento jurídico. Ello no obstante, las situaciones descritas generalmente como fraude alimentario sí están recogidas en la normativa nacional, que contempla sanciones administrativas y penales a determinadas conductas.

Fraude alimentario en los ámbitos administrativo y penal

El incumplimiento de un requisito legal puede conllevar consecuencias tan distintas como la iniciación de un procedimiento sancionador en vía administrativa o de un procedimiento judicial en sede penal. La calificación en uno u otro sentido vendrá determinada por el hecho cometido y por el daño potencial o causado en la salud de los consumidores, reservándose al ámbito penal la regulación de las conductas de mayor gravedad.

Delitos alimentarios

En el ámbito del Derecho Penal, la doctrina incluye bajo la denominación de delitos alimentarios o fraude alimentario a los delitos recogidos en los artículos 363 a 367 del Código Penal. Asimismo, existen otros delitos fuertemente ligados al sector como el uso fraudulento de Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas Protegidas, o los delitos de estafa.

Los artículos 363 a 367 del Código Penal protegen la salud pública, regulando situaciones que pueden poner en peligro o causar graves daños a la salud de las personas. Al tratarse de un delito de peligro, no es necesario que los consumidores y las consumidoras resulten efectivamente afectados o dañados, bastando con la mera existencia de un peligro para su salud para que la conducta sea punible. En este sentido, el delito puede cometerse, aunque ningún consumidor o consumidora haya llegado a ingerir el alimento, si éste estaba preparado o ya puesto a disposición de los mismos.

Conforman los delitos alimentarios las siguientes conductas que pongan en peligro o causen graves daños a la salud de las personas, relativas a:

  • Ofrecer en el mercado productos en que se omita o altere los requisitos relativos a su caducidad y composición.
  • Fabricar o vender bebidas o comestibles destinados a consumo público nocivos para la salud.
  • Traficar con géneros corrompidos.
  • Elaborar o comerciar con productos no autorizados y perjudiciales para la salud.
  • Ocultar o sustraer efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.
  • Administrar a los animales destinados a consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis o para fines distintos a los autorizados.
  • Sacrificar animales o destinar sus productos a consumo humano sabiendo que se les ha administrado sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis o para fines distintos a los autorizados.
  • Sacrificar animales a los que se les hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante el uso de sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis o para fines distintos a los autorizados.
  • Despachar el consumo público de carnes o productos de animales de abasto sin respetar los períodos de espera previstos reglamentariamente.
  • Envenenar o adulterar las aguas potables o sustancias alimenticias con sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud.

A modo de ejemplo puede citarse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 6ª, n.º 90157/2014 en que se condena al propietario de una granja de gallinas ponedoras de huevos por haberles administrado enrofloxacina, una sustancia que no estaba permitida y que resulta perjudicial para la salud de las personas.

La empresa alimentaria ante los delitos alimentarios

Tal y como ya se ha introducido en un artículo anterior, las empresas pueden ser también responsables penales de un catálogo cerrado de delitos, entre los cuales se encuentran los delitos alimentarios.  En consecuencia, la persona jurídica puede ser condenada, entre otras penas, a su disolución, suspensión o clausura; a la prohibición de realizar en el futuro la actividad en el seno de la cual se haya cometido el delito; a su inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas; e incluso a la intervención judicial de la mercantil.

Cabe destacar que en aplicación del artículo 367 CP es posible cometer los delitos alimentarios por imprudencia grave, no siendo necesario, por tanto, que siempre exista la voluntad de cometerlos. No obstante, en los casos en que se pruebe la existencia de dicha imprudencia, la pena será inferior.

Si necesita más información sobre este asunto o precisa de asesoramiento en la materia, no dude en contactar con el Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, formado por especialistas a su disposición.

Asimismo, le invitamos a que asista al próximo Encuentro sobre fraude alimentario que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril.

 

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