La importancia de una correcta fijación de las pretensiones en la vía administrativa

Fatima AragonesBy Fatima Aragones 10 meses agoNo Comments
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En la práctica, es habitual que los clientes acudan a sus abogados ante la notificación de una resolución firme en vía administrativa, con la voluntad de interponer el correspondiente recurso en sede judicial. Ahora bien, es importante tener en cuenta que lo actuado previamente ante la Administración vincula el eventual recurso contencioso-administrativo que se interponga, dado el carácter revisor de esta jurisdicción, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento legal adecuado durante la tramitación del procedimiento administrativo.

A modo de ejemplo, pensemos en un supuesto de denegación de un título habilitante para el ejercicio de la actividad. En este caso, los términos en que se redacte el eventual recurso en vía administrativa pueden dificultar la revisión de la resolución en sede judicial.

En este sentido, las pretensiones formuladas por el recurrente en vía administrativa delimitan el contenido del proceso judicial, de modo que se incurre en desviación procesal, entre otros supuestos, cuando se ejercitan en vía jurisdiccional pretensiones que no fueron objeto de la resolución administrativa impugnada y sobre las que, en consecuencia, la Administración demandada no ha tenido la posibilidad de pronunciarse.

Desviación procesal como causa de inadmisión del recurso

Si bien el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no contempla expresamente la desviación procesal como causa de inadmisión del recurso, la jurisprudencia viene amparando esta figura, considerando que encajaría en la causa prevista en la letra c) del referido precepto, según el cual se declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones cuando “tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación”.

En la jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales de Justicia encontramos multitud de supuestos en los que se ha declarado la inadmisión del recurso por introducir en sede judicial pretensiones nuevas respecto de las planteadas ante la Administración, e incluso cuando se han alterado sustancialmente las pretensiones que sí fueron planteadas en vía administrativa (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1983, 1 de febrero de 1991, 12 de noviembre de 1996 y 10 de junio de 2003).

Teniendo en cuenta que no es admisible que se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional, resultan de capital importancia las actuaciones realizadas ante la Administración, máxime si tenemos en cuenta que, como señala el Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 21 de mayo de 1999 o 4 de noviembre de 2003, “el planteamiento de pretensiones nuevas es un defecto insubsanable, ya que afecta a lo que es el objeto del recurso contencioso-administrativo, dentro del cual deben producirse las pretensiones de la parte y la decisión del órgano jurisdiccional“.

Pretensiones y motivos, clave en la admisión del recurso contencioso-administrativo

No obstante, no puede perderse de vista que el artículo 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introduce una precisión muy importante en relación con la desviación procesal, al disponer que en el escrito de demanda se han de consignar con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y “las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración”.

A la vista de lo dispuesto en este precepto, a la hora de elaborar la demanda debe partirse de las pretensiones formuladas en vía administrativa, si bien se podrán alegar los motivos que se consideren oportunos en defensa de los intereses del cliente, aunque no hubieran sido planteados previamente ante la Administración.

La distinción entre ambas figuras, pretensiones y motivos, ha sido objeto de multitud de sentencias en las que se ha venido argumentando que lo determinante a la hora de apreciar la ya citada desviación procesal es la existencia de una alteración sustancial de los hechos o de la petición formulada ante la Administración en relación con el acto administrativo impugnado, no incurriéndose en desviación procesal cuando lo que se aducen son nuevos argumentos no alegados en el procedimiento administrativo con el objeto de fundamentar la pretensión ya aducida.

En palabras del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 9 de noviembre de 2015 “lo importante y decisivo desde el punto de vista del pretendido carácter revisor de la Jurisdicción es que no haya variación sustancial de los hechos ni de la petición deducida ante la Administración”.

En definitiva, el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa impide que se puedan ejercitar ante la jurisdicción hechos nuevos o pretensiones nuevas que no hayan sido formuladas previamente en la vía administrativa, pero sí permite plantear nuevos argumentos jurídicos que fundamenten lo pretendido.

En consecuencia, la correcta fijación de los hechos y de las pretensiones en vía administrativa previa es importante para el éxito de un posterior recurso contencioso-administrativo, ya que su alteración podría conllevar la inadmisión del recurso por el órgano judicial sin llegar a obtener un pronunciamiento de fondo.

Si precisa de asistencia jurídica en esta materia, el Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, cuenta con abogados expertos en Derecho Administrativo que podrán asesorarle y, en su caso, ejercer su defensa tanto en vía administrativa como en un eventual procedimiento contencioso-administrativo.

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