Analizamos el principio de libre circulación de mercancías alimentarias

Laura HerraezBy Laura Herraez 7 meses agoNo Comments
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Principio de libre circulación de mercancías alimentarias

Este artículo explica, en el ámbito del Derecho alimentario, la problemática que se origina entre el principio de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea con las reglamentaciones alimentarias nacionales. La facultad de cada Estado miembro de legislar en esta materia puede suscitar variaciones en las legislaciones de un Estado a otro y, en este contexto, se estudia la solución elaborada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La existencia en Europa de un Mercado Único comunitario implica que dentro del territorio de la Unión no pueden existir barreras comerciales que obstaculicen la libre circulación de mercancías. En concreto, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 1957, desarrolla este principio fundamental en los artículos 30 y siguientes, en los que suprime las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros.

En el campo de los productos alimenticios, esta disposición debe entenderse en el sentido de que se suprime cualquier restricción a la libertad de los intercambios de alimentos en el comercio intracomunitario.

No obstante, el Tratado establece excepciones a la libre circulación de mercancías en general, siempre que estén «justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial» (artículo 36). Así las cosas, se justifican restricciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, pero resulta indispensable que concurra alguna de las causas taxativamente tasadas.

Situado en su contexto, el Tratado únicamente prohíbe las trabas a los intercambios por alguna de las causas previstas en el catálogo, si bien no impide aquellas medidas que se aplican de forma indistinta a los productos nacionales y a los importados, siempre que no sean desproporcionadas ni constituyan una restricción encubierta. Es el caso de las reglamentaciones alimentarias, que obligan a todos los elaboradores, comerciantes e importadores de determinados productos alimenticios.

Con este planteamiento y considerando que el Tratado no se opone a la facultad de los Estados para legislar, la excepción contenida en el artículo 36 condiciona el funcionamiento de las corrientes de importación. Ello da lugar a una variada reglamentación que contiene especificaciones de composición de los productos alimenticios que dificulta el intercambio de estas mercancías entre los Estados miembros y, como consecuencia, productos lícitamente comercializados en un Estado pueden ser prohibidos en otro.

Sin lugar a dudas, las potestades normativas de los Estados miembros afectan directamente a la libre circulación de mercancías en el mercado interior, puesto que estas reglamentaciones comerciales provocan efectos equivalentes a las restricciones cuantitativas, como ha apreciado el Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones.

Desde la sentencia «Dassonville», referente a la importación en Bélgica de un lote Scotch whisky que ya se encuentra en libre práctica en Francia, sin estar en posesión del certificado de origen de la autoridad aduanera británica, infringiendo con ello una norma nacional, el Tribunal considera que «… toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio en el seno de la Unión debe considerarse una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas» (sentencia de 11 de julio de 1974, asunto C-8/74, apartado 5).

Sentencia del Tribunal de Justicia conocida como «Cassis de Dijon»

Para resolver la cuestión conflictiva que se produce entre el principio de la libre circulación de mercancías y las reglamentaciones técnicas nacionales, se hace necesario acudir a la fundamental sentencia del Tribunal de Justicia conocida como «Cassis de Dijon» (sentencia de 20 de febrero de 1979, asunto C-120/78) que interpreta los artículos 30 y siguientes del Tratado.

En el presente asunto se pretende importar a Alemania una partida de licor de frutas francés que oscila entre 15º y 20º de alcohol de libre venta en Francia, que la Administración federal del Monopolio de los alcoholes no autoriza con base en la normativa alemana, que requiere un grado alcohólico no inferior a 25º.

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las medidas restrictivas nacionales se permiten cuando no existe una normativa común sobre la producción y la comercialización del alimento, siempre que persigan un objetivo de interés general que pueda prevalecer sobre el principio de la libre circulación de mercancías. De esta forma, los obstáculos entre las legislaciones nacionales deben aceptarse en la medida en que «… sean necesarios para cumplir las exigencias imperativas relativas, en particular, a la eficacia de los controles fiscales, a la salvaguardia de la salud pública, a la lealtad de las transacciones comerciales y a la protección de los consumidores» (apartado 8).

Así, en relación con la comercialización de los licores de frutas considera que «… no existe ningún motivo válido para impedir que las bebidas alcohólicas, siempre que sean legalmente producidas y comercializadas en uno de los Estados miembros, se importen a cualquier otro Estado miembro sin que pueda oponerse a su venta una prohibición legal de comercialización de bebidas que contengan un grado alcohólico inferior al límite determinado por la normativa nacional» (aparto 14).

En este contexto, el Tribunal concluye que el concepto de medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación, contenido en el artículo 30 del Tratado, comprende también las especificaciones establecidas por la legislación de un Estado miembro dirigidas a impedir la comercialización de un alimento, legalmente producido y comercializado en otro Estado miembro.

A partir de este momento, el Tribunal de Justicia comienza a forjar la legalidad de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, para permitir la libre circulación de los productos alimenticios en ámbitos no armonizados.

Así, en la sentencia «Ley de Pureza de la Cerveza» (sentencia de 12 de marzo de 1987, asunto C-178/84), el Tribunal confirma que determinadas disposiciones del Derecho alemán en relación con las normas de composición de la cerveza son incompatibles con el principio de la libre circulación de mercancías. Conforme a la Biersteuergesetz (Ley de 14 de marzo de 1952), Alemania restringe la importación de cervezas legalmente fabricadas en otros Estados miembros, al emplear la denominación «Bier» (cerveza) sin corresponderse a las formas de composición vigentes en dicho territorio. En este sentido, el Tribunal pone de relieve que los Estados no pueden reservar el uso de una denominación únicamente a los productos que se ajusten a lo que exige su normativa nacional, y resuelve así uno de los problemas que plantea la libre circulación de los productos alimenticios a falta de una normativa común sobre la comercialización de los productos.

Aunque en la actualidad la gran mayoría de las reglamentaciones alimentarias nacionales está armonizada en el ámbito comunitario, en los sectores todavía no armonizados el principio de reconocimiento mutuo derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se utiliza como instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea, de forma que los productos legalmente fabricados o comercializados en un Estado miembro pueden ser comercializados en otro Estado miembro.

Como bien se afirma, la variedad de normas técnicas nacionales de productos alimenticios que no se encuentran armonizados en su totalidad en el seno de la Unión Europea no puede obstaculizar su comercialización (salvo objetivos de interés público). En estos casos, los propios operadores económicos deben conocer que la comercialización de sus productos en otros Estados miembros puede hallarse amparada por la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, y saber aprovechar las oportunidades que les brinda este instrumento jurídico para comercializarlos.

Este análisis solo contiene información general. No constituye asesoramiento legal sobre ningún supuesto en particular.

 

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