• El valor de la información aquí y ahora

    La actualidad del Derecho Alimentario

    Contáctanos
1
/
3
/

blog

All
0
Blog
0
Uncategorized
0

Cuál es la responsabilidad del transportista en el comercio alimentario

04/05/2017
Tomando como ejemplo la quiebra de una de las principales navieras del mundo, vemos que el transporte de mercancías tiene una especial incidencia en el comercio agro-alimentario, tanto en lo que se refiere a sus costes directos como aquellos derivados de los riesgos que conlleva. La naturaleza de este tipo de mercancías, habitualmente perecederas, determina la necesidad de ajustarse a unos plazos concretos para su transporte, además de, en ocasiones, a unas condiciones especificas de conservación. En consecuencia, a los riesgos inherentes del transporte de mercancías, en el ámbito del comercio alimentario, se le añaden los propios de los alimentos. En este sentido, un aspecto crucial que los operadores alimentarios, convertidos en cargadores, deben conocer para la gestión adecuada del riesgo comercio de alimentos, es el régimen de responsabilidad al que se someten los transportistas. El transporte marítimo de mercancías Centrándonos en el transporte marítimo de mercancías, que mueve alrededor del 80% del comercio mundial en términos de volumen y más del 70% en cuanto a valor de las mercancías (Review of Maritime Transport, 2015. United Nations Conference on Trade And Development, Unctad), y, especialmente, el realizado en régimen de conocimiento de embarque, la responsabilidad del porteador se regirá, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas de la Ley de Navegación Marítima (LNM), por lo establecido en las conocidas como Reglas de La Haya Visby. Este régimen reviste carácter de Derecho necesario, inderogable para las partes en favor del titular de las mercancías, en los transportes contratados en régimen de conocimiento de embarque, por ser un sector donde la capacidad de negociación de los usuarios del servicio es más limitada. En este sentido, basta recordar que las condiciones contractuales a las que se somete el transporte vienen predispuestas en el anverso de los conocimientos de embarque, sin que el cargador titular de las mercancías pueda negociar sus términos. Así la LNM tiene la voluntad declarada de fijar un régimen de responsabilidad único aplicable tanto a los transportes internacionales como a los nacionales. No obstante, tal exigencia, en lo que se refiere a distintos aspectos de dicho régimen, puede determinar la aplicación de remedios distintos a los previstos originalmente en las citadas Reglas de La Haya-Visby, cuya aplicación reviste un carácter preferencia a las normas contenidas en la LNM. El régimen de responsabilidad del porteador marítimo en este ámbito tiene un carácter legal y coercitivo, pudiendo el titular de las mercancías aumentar dicha responsabilidad en virtud de las denominadas cláusulas de conocimientos, y que se concilia con un númerus clausus de exoneraciones y la limitación de responsabilidad para el porteador, que no responderá por el daños causado sino por una cuantía determinado en la propia Ley. Así, se establece un régimen de responsabilidad presunta por pérdida, total o parcial, o avería y que se extiende desde la carga de la mercancía a bordo del buque hasta su efectiva descarga. La responsabilidad del porteador en estos supuestos quedará limitada al mayor de los siguientes importes: 667 derechos especiales de giro

¿Se regulará la legislación del claim “Natural” del etiquetado en EEUU?

25/04/2017
La reciente demanda presentada contra una compañía alimentaria americana por publicitar sus alimentos como naturales, vuelve a situar la necesidad de regular el claim “Natural” en el punto de mira. En fecha reciente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York ha registrado una demanda presentada contra NEWMAN’S OWN, INC., compañía dedicada a la fabricación y venta de productos alimenticios, por utilizar en el etiquetado de sus salsas para pasta el claim “All Natural”, cuando en realidad contienen ácido cítrico, un ingrediente artificial que ha sido procesado químicamente. Precisamente, los demandantes alegan que la adición de dicho ingrediente a las salsas conlleva que los productos no sean naturales. La mención “All Natural” se muestra con claridad en sus envases, y aparece de forma prominente en el frontal y en la tapa, lo cual, implícitamente, supone que la declaración del etiquetado sea falsa, engañosa y susceptible de inducir a error al consumidor medio sobre la verdadera naturaleza del alimento. Asimismo, consideran que a través de este etiquetado engañoso la empresa obtiene una ventaja indebida de la reputación de los productos elaborados íntegramente con ingredientes naturales, y obtiene lucro en la medida en que los comercializa a un precio superior, dado que son percibidos por los consumidores como productos con un alto valor y están dispuestos a pagar más por ellos. ¿Qué dicen las administraciones? La Agencia norteamericana de Seguridad Alimentaria (FDA, U.S. Food and Drug Administration), que es la autoridad competente para regular el etiquetado de los alimentos, no ha normalizado el uso de los términos “Natural” o “All Natural”. Sin embargo, ha establecido una política (informal, en tanto en cuanto se trata de una mera opinión que no tiene carácter legal, pero que viene aplicando de forma constante) clarificando los límites del uso de dicha mención y, así, ha indicado que el término “Natural” significa que no se han incluido sustancias artificiales o sintéticas a un alimento que normalmente no se esperaría que estuvieran en dicho alimento (Food Labeling: Nutrient Content Claims, General Principles, Petitions, Definition of Terms; Definitions of Nutrient Content Claims for the Fat, Fatty Acid, and Cholesterol Content of Food, 1993). De esta forma, no ha objetado el uso de dicha mención en el etiquetado de los alimentos, siempre que no contengan colorantes añadidos, aromas artificiales o sustancias sintéticas. De forma similar, el Ministerio de Agricultura (USDA, United States Department of Agriculture) ha limitado el uso del término “Natural” y, en relación con el etiquetado de los productos cárnicos (Food Standards and Labeling Policy Book, 2005), ha establecido que dicho término se puede utilizar siempre que el producto y sus ingredientes hayan sido mínimamente procesados. No es un caso aislado. No hace mucho, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California (División Oeste) se ha recibido una demanda contra la empresa KRAFT FOODS GROUP, INC. por considerar falso o engañoso el etiquetado de su queso rallado al incluir la mención “Natural Cheese”, cuando

Cómo obtener una ventaja competitiva con las declaraciones nutricionales comparativas

20/04/2017
La normativa que regula el uso de declaraciones nutricionales en el etiquetado de los productos alimenticios permite la realización de comparaciones entre los nutrientes contenidos en distintos productos. Se trata de una referencia en el etiquetado del alimento capaz de genera un gran impacto en el consumidor y que, correctamente realizada, puede ayudarle a decantarse por un producto en concreto y, con ello, generar una ventaja competitiva para la empresa productora En este sentido, el artículo 9 del Reglamento 1924/2006, de 20 de diciembre, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, permite la realización de dichas declaraciones comparativas en los siguientes términos: Sin perjuicio de lo establecido en la Directiva 84/450/CEE, solamente podrán compararse alimentos de la misma categoría, tomando en consideración una serie de alimentos de dicha categoría. Deberá mencionarse la diferencia en la cantidad de un nutriente o el valor energético, y la comparación deberá hacer referencia a la misma cantidad de alimento. Las declaraciones nutricionales comparativas deberán comparar la composición del alimento en cuestión en relación con una serie de alimentos de la misma categoría, cuya composición no permita que figure en ellos una declaración, incluidos los productos alimenticios de otras marcas. El precepto en cuestión plantea ciertas dudas interpretativas, por ejemplo, en torno a si los productos comparados pertenecen a una misma categoría o al modo en que debe reflejarse la declaración nutricional en la etiqueta, lo que puede generar inseguridad a las empresas alimentarias a la hora de diseñar el etiquetado de sus productos. Para interpretar correctamente la norma, podemos tomar en consideración el documento “Guidance on the implementation of Regulation nº 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods”, publicado por la Comisión el 14 de diciembre de 2007, que contiene, entre otras cuestiones, criterios para la realización de declaraciones nutricionales comparativas, y del que destacaremos sus aspectos más importantes. El primer aspecto a reseñar es que, con independencia de que el objetivo del claim sea el de comparar las características nutricionales de dos alimentos, se trata de una declaración de propiedades nutricionales y, por tanto, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento n.º 1924/2006, entre los que se encuentra la inclusión del claim en el anexo de las declaraciones permitidas. Según se indica en el documento “Guidance on the implementation of Regulation nº 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods“, las únicas declaraciones comparativas incluidas en el mismo son “valor energético reducido”, “mayor contenido de [nombre del nutriente]”, “contenido reducido de [nombre del nutriente]” y “Light/ligero”, por lo que el claim a incluir en el etiquetado debe ceñirse dicha referencia y cumplir los requisitos que se establecen para su empleo, entre los que se encuentra la diferencia mínima que tiene que haber entre las condiciones nutricionales de los productos a comparar. Otro aspecto a destacar es que el Reglamento n.º 1924/2006 limita el uso de las declaraciones comparativas a alimentos que pertenezcan a una misma categoría, sin determinar ni definir las mismas. La

5 consejos ante el inicio de un procedimiento sancionador

19/04/2017
Ante los incumplimientos de la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición, incluidos los derivados de un defectuoso o insuficiente etiquetado de los productos, las Administraciones Públicas competentes están legitimadas para hacer uso de su potestad sancionadora e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. La principal consecuencia que puede derivarse del mismo para los operadores de empresas alimentarias es la imposición de una sanción económica que, en función de la calificación de la infracción, puede ascender a cientos de miles de euros. Asimismo, no puede perderse de vista que la Administración tiene también la facultad de imponer otras sanciones accesorias, tales como el decomiso de las mercancías, el cierre temporal de las instalaciones para infracciones muy graves, o la publicidad de las sanciones, con el consiguiente daño reputacional y pérdida de la confianza de los clientes que ello puede generar. Incoado un procedimiento sancionador, la actuación de la empresa en la vía administrativa puede ser decisiva de cara a lograr un archivo de las actuaciones o, en caso contrario, para preparar el expediente de cara a un eventual proceso contencioso-administrativo. Por ello, es recomendable que, recibido el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y de cara a articular la defensa en vía administrativa, se analicen ciertos aspectos tanto sustantivos como procedimentales, regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), que pasamos a explicar brevemente. Notificación y contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento El acto administrativo que acuerde el inicio del procedimiento debe notificarse correctamente a los interesados y contener, al menos, las siguientes referencias: Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder. Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación. Órgano competente para resolver el procedimiento y norma que le atribuya la competencia. Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Si la sanción tiene únicamente carácter pecuniario se aplicarán reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción, y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. A este respecto, debe tenerse en cuenta que las reducciones deben también estar determinadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. En su caso, medidas provisionales acordadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante su tramitación. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como de los plazos para su ejercicio. El acuerdo de iniciación debe indicar también que, en caso de no efectuar alegaciones en plazo al mismo, podrá ser considerado propuesta de resolución si contiene un pronunciamiento preciso acerca

Claves para generar confianza en tus consumidores mediante el etiquetado precautorio de alérgenos

23/01/2017
La información presente en los productos alimenticios es importante, destacando el etiquetado de sustancias alérgenas o que puedan causar intolerancias, y el de sus trazas. La normativa actual determina un listado de 14 alérgenos, configurados como los más importantes a nivel de incidencia, cuya identificación en el etiquetado es obligatoria. Precisamente en el diseño del etiquetado la industria alimentaria se enfrenta a un problema, ¿qué hacer o cómo etiquetar la posible presencia de trazas de alérgenos en el producto? Lo primero que debe ser tenido en cuenta es que no existe una normativa que regule específicamente la posible presencia de trazas, pese a la existencia de una previsión en el Reglamento (UE) nº 1169/2011 de la posible futura incorporación de normativa al respecto. Dicha futurible modificación queda aún lejana, habida cuenta de la dificultad existente en cuantificar la presencia mínima de todas las sustancias alérgenas que no provoque una reacción alérgica o de intolerancia en los consumidores, en tanto en cuanto existen muy diversos umbrales de sensibilidad. Por ello, el desarrollo normativo previsto requiere ir de la mano con el avance científico. Así pues, actualmente el operador alimentario debe cumplir las normas generales del Derecho Alimentario, esto es, los requisitos relativos la higiene del Reglamento (CE) nº 852/2004, y de la seguridad de los alimentos del Reglamento (CE) nº 178/2002. Además, en aplicación del Reglamento (UE) nº 1169/2011, la información voluntaria proporcionada debe basarse en los datos científicos pertinentes. Por tanto, el operador alimentario debe realizar todo cuanto esté en su mano para evitar la contaminación cruzada, y tan sólo si habiendo realizado dicho esfuerzo continúa existiendo el riesgo de dicha contaminación cruzada, podrá indicar en el etiquetado que «puede contener trazas de…». A sensu contrario, no es correcta la utilización de expresiones similares a “Puede contener trazas de…” que no estén basadas en datos científicos y que además se realicen sin haber tratado de evitar al máximo dicha contaminación cruzada. La importancia del etiquetado de las denominadas trazas reside en la imposibilidad de determinar para todas las sustancias alergénicas un nivel mínimo de no alergenidad. Opinión científica de EFSA sobre el etiquetado de trazas Al respecto se ha pronunciado la European Food Safety Authority (EFSA), en la opinión científica publicada en 2014. De manera tal que, para proteger al consumidor de una posible reacción adversa, el operador alimentario debe proporcionar la información relativa a la posible contaminación cruzada o existencia de trazas de sustancias alergénicas, basándose, como ya se ha indicado, en evidencias científicas, y siempre tras haber implementado sistemas para la evitación de dicha contaminación. Posición de FIAB respecto del etiquetado precautorio de alérgenos Al respecto, por su relevancia y novedad, debe destacarse el documento presentado por la FIAB el pasado 20 de octubre de 2016: «Etiquetado precautorio de alérgenos (EPA): un enfoque científico basado en la evaluación cuantitativa del riesgo». Supone un compromiso de la industria en la realización de un enfoque científico previo al etiquetado, evitando así una sobrerrepresentación de las trazas en el etiquetado, con los

Analizamos el principio de libre circulación de mercancías alimentarias

20/12/2016
Este artículo explica, en el ámbito del Derecho alimentario, la problemática que se origina entre el principio de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea con las reglamentaciones alimentarias nacionales. La facultad de cada Estado miembro de legislar en esta materia puede suscitar variaciones en las legislaciones de un Estado a otro y, en este contexto, se estudia la solución elaborada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La existencia en Europa de un Mercado Único comunitario implica que dentro del territorio de la Unión no pueden existir barreras comerciales que obstaculicen la libre circulación de mercancías. En concreto, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 1957, desarrolla este principio fundamental en los artículos 30 y siguientes, en los que suprime las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros. En el campo de los productos alimenticios, esta disposición debe entenderse en el sentido de que se suprime cualquier restricción a la libertad de los intercambios de alimentos en el comercio intracomunitario. No obstante, el Tratado establece excepciones a la libre circulación de mercancías en general, siempre que estén «justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial» (artículo 36). Así las cosas, se justifican restricciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, pero resulta indispensable que concurra alguna de las causas taxativamente tasadas. Situado en su contexto, el Tratado únicamente prohíbe las trabas a los intercambios por alguna de las causas previstas en el catálogo, si bien no impide aquellas medidas que se aplican de forma indistinta a los productos nacionales y a los importados, siempre que no sean desproporcionadas ni constituyan una restricción encubierta. Es el caso de las reglamentaciones alimentarias, que obligan a todos los elaboradores, comerciantes e importadores de determinados productos alimenticios. Con este planteamiento y considerando que el Tratado no se opone a la facultad de los Estados para legislar, la excepción contenida en el artículo 36 condiciona el funcionamiento de las corrientes de importación. Ello da lugar a una variada reglamentación que contiene especificaciones de composición de los productos alimenticios que dificulta el intercambio de estas mercancías entre los Estados miembros y, como consecuencia, productos lícitamente comercializados en un Estado pueden ser prohibidos en otro. Sin lugar a dudas, las potestades normativas de los Estados miembros afectan directamente a la libre circulación de mercancías en el mercado interior, puesto que estas reglamentaciones comerciales provocan efectos equivalentes a las restricciones cuantitativas, como ha apreciado el Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones. Desde la sentencia «Dassonville», referente a la importación en Bélgica de un lote Scotch whisky que ya se encuentra en libre práctica en Francia, sin estar en posesión del certificado de origen de la autoridad aduanera británica, infringiendo con

Cómo se han controlado algunas prácticas anticompetitivas en el mercado alimentario

20/12/2016
En este artículo analizamos la existencia de prácticas anticompetitivas en el mercado alimentario a través de relevantes expedientes sancionadores resueltos por las autoridades españolas de defensa de la competencia que, en el ejercicio de su labor de supervisión, han impuesto sanciones a empresas y asociaciones en el mercado alimentario por desarrollar acuerdos de fijación de precios. La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de Competencia (LDC), busca la existencia de una competencia suficiente en el mercado de dos formas: mediante el control de concentraciones (para evitar que se creen estructuras en el mercado que afecten a la competencia) y mediante la regulación de determinadas conductas que van dirigidas a limitar la competencia (principalmente, prohíbe las conductas colusorias y el abuso de posición dominante). El artículo primero de la LDC prohíbe cualquier tipo de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela, cuyo objeto sea restringir la competencia, ya sea para fijar precios, limitar la producción o repartir el mercado. Así, de acuerdo con la normativa de defensa de la competencia, para que dicha conducta tenga la consideración de restrictiva de la competencia, es necesario: que exista un acuerdo, decisión o recomendación colectiva o consista en una práctica concertada o conscientemente paralela; que la conducta produzca o pueda producir un efecto restrictivo de la competencia; y que dicha restricción afecte a un mercado determinado. Prácticas comerciales en el sector agroalimentario En el sector agroalimentario se ha evidenciado la realización de prácticas comerciales que, mediante la fijación de precios, restringen la competitividad de la industria en su conjunto. Las autoridades de defensa de la competencia, en el ejercicio de su labor de supervisión, han impuesto sanciones a distintas empresas y asociaciones alimentarias por infracciones de competencia. Así, por ejemplo, en el expediente 352/94 Industrias Lácteas, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) pone de manifiesto la realización de una práctica restrictiva de la competencia consistente en la elaboración y difusión de una recomendación de precios por parte de la Federación Nacional de Industrias Lácteas en las compras de leche a los ganaderos de vacuno productores de leche, la cual fue seguida por las empresas asociadas a dicha organización, fabricantes de productos lácteos. En relación con la negociación de un acuerdo general corporativo llevado a cabo por una asociación empresarial en interés de sus asociados, el TDC manifiesta que este acto está prohibido por la norma de defensa de la competencia porque, «al sustituir la oferta colectiva a la actuación independiente y al unificar las condiciones contractuales, se está limitando la competencia que exige tanto una elaboración autónoma de las propias condiciones como su oferta individualizada por cada uno de los operadores presentes en el mercado». Por otro lado, respecto a la actuación de las empresas por haberse aplicado los mismos precios base, a pesar de no existir ninguna prueba fehaciente del acuerdo, el TDC utiliza la técnica procesal de la prueba de presunciones, indicando que «se califica de práctica concertada aquella práctica anticompetitiva que se deriva de

¿Desea más información?

Póngase en contacto con nosotros