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Prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria

05/10/2017
En este artículo exponemos la transformación que ha experimentado el funcionamiento de la cadena alimentaria en los últimos años y las consecuencias que ello ha tenido en las relaciones comerciales entre los distribuidores alimentarios y sus proveedores. En los últimos años, la cadena de suministro alimentario ha cambiado debido a distintas razones: económicas (la crisis económica global), sociales (se han modificado los hábitos de consumo de los consumidores) y demográficas (la esperanza de vida ha aumentado y la población mundial se ha incrementado), así como de índole regulatoria (los cambios introducidos a través de la PAC), que han producido alteraciones en la estructura de la demanda de los alimentos y, como consecuencia, en las relaciones de las empresas alimentarias. Uno de los cambios más significativos que ha influido en la transformación del sector ha sido la concentración de empresas, que se ha producido principalmente en el eslabón de la distribución, donde se ha consolidado la figura de los hipermercados y supermercados en sustitución del comercio minorista tradicional. En esta consolidación han influido otros factores, como la creación de centrales de compra (que suministran los productos a los puntos de venta), la integración vertical (diversas empresas con tareas diferentes en la cadena alimentaria que pertenecen al mismo grupo empresarial) y el desarrollo de las marcas de distribuidor (surgidas en el marco de una estrategia comercial de precios bajos de los distribuidores). Esta situación ha fortalecido el poder de negociación de la gran distribución frente a sus proveedores y ello ha provocado que sus relaciones comerciales sean desiguales, generando conflictos en la negociación comercial. Tal es así, que en algunas ocasiones los distribuidores han utilizado su mayor poder de negociación para forzar precios a la baja e imponer condiciones contractuales injustas, que los proveedores han aceptado a fin de cerrar la relación contractual o simplemente, para evitar ser expulsados del mercado. Una de las prácticas más extendidas es la inclusión en los contratos de cláusulas ambiguas, de tal forma que durante la relación contractual los distribuidores pueden imponer obligaciones adicionales a las acordadas previamente; o la incorporación de cláusulas relacionadas con las restricciones territoriales de suministro, que pueden generar una fragmentación del mercado. También es habitual, en el marco de la relación contractual, que los distribuidores soliciten información confidencial sobre los productos contratados y se nieguen a firmar un acuerdo de confidencialidad, o no lo respeten, usando indebidamente la información recibida en su provecho para desarrollar sus propios productos competidores. Esas condiciones contractuales impuestas por la parte que se encuentra en situación de superioridad y que perjudican a la parte más débil, que tiene menos poder de negociación y ninguna posibilidad de abandonar la relación, son precisamente lo que se conoce como «prácticas comerciales desleales». Estas conductas no únicamente afectan a los empresarios, también al resto de participantes del mercado, como los consumidores, y al interés público. Por ejemplo, si un proveedor se ve obligado a firmar un contrato que le suponga un margen de beneficios reducido, su capacidad económica se ve

Responsabilidad patrimonial de la Administración ante una gestión incorrecta en una alerta alimentaria

27/09/2017
Recientemente se ha conocido que la Justicia alemana ha dado la razón a dos empresas españolas en cuanto a los daños y perjuicios que se les ocasionó con motivo de la gestión de la alerta alimentaria del E-coli en 2011 en Alemania, conocida como “crisis de los pepinos”. En este artículo comentamos este tema en conexión con la responsabilidad patrimonial de la Administración. Las empresas españolas de productos ecológicos Hortícola Costa de Almería y Frunet Bio de Málaga han visto reconocido sus derechos ante la errónea gestión que llevó a cabo la Administración alemana en este asunto, tras demostrarse que los pepinos que comercializan no habían sido los portadores de la E-coli y por tanto no eran responsables de los hechos que se les había imputado inicialmente. La decisión del tribunal alemán supone un reconocimiento al perjuicio económico y reputacional que habían sufrido estas empresas. Además, con el acuerdo alcanzado, se logra algo más que una indemnización económica, ya que se reconoce el error cometido y que la acusación era infundada e injusta. Con la sentencia y el posterior acuerdo se da por cerrada una situación complicada para el sector hortícola español, que provocó fuertes pérdidas económicas. Este episodio generó una caída en las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas a Alemania. Además, obligó a la Unión Europea al desembolso de más de 200 millones de € destinados a la retirada de productos y a actuaciones de promoción. Todo se desencadenó como consecuencia de las declaraciones de Cornelia Prüfer-Storcks (Responsable de Sanidad en Hamburgo) en las ponía el punto de mira en los pepinos españoles como transmisores de la E.coli y causantes de las muertes. Aunque después se demostró que el origen eran unos brotes germinados cultivados en la Baja Sajonia. Las declaraciones de la funcionaria alemana fueron precipitadas y generaron una situación de alerta con acusaciones que después se demostró que eran infundadas. La responsabilidad patrimonial de la Administración en España Estamos ante un ejemplo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, si bien hay que reconocer la lentitud en su resolución, ya que, con relación a los hechos acaecidos en 2011, seis años después es cuando en cierto modo se resarce a los afectados por una actuación incorrecta de la Administración. Ante este tipo de situaciones es muy importante que la Administración Pública actúe de forma correcta y adecuada, es decir, que tenga muy presente el principio de proporcionalidad en todas y cada una de sus actuaciones, ya que una medida desproporcionada puede tener efectos devastadores sobre la actividad empresarial. La “Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas” está contemplada en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 39/2015 y 40/2015. Por tanto, los administrados tenemos la opción para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la administración. El artículo 32 de la Ley 40/2015 fija los principios de la responsabilidad y establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y

Competencia desleal, e-commerce e impuestos, temas cada día más relevantes en el marco del Derecho Alimentario

25/09/2017
La proliferación de productos reclamo y el aumento de casos vinculados a competencia desleal; el crecimiento imparable del e-commerce en alimentación y la tendencia a la regulación tributaria o fiscal de temas vinculados a impuestos especiales en determinado tipo de alimentos y/o bebidas, como el reciente caso de las bebidas azucaradas envasadas… Estos son algunos ejemplos que evidencian la importancia creciente del Derecho Alimentario en el ámbito de la actividad diaria de los operadores de alimentos. En el vídeo reflexionamos sobre estos temas, compartiendo reflexiones con aquellos interesados en la materia.   ¿Y Ud.? ¿Qué opina?. Le animamos a que nos aporte su experiencia y reflexiones a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria.  

Derecho Alimentario, ¿por qué es importante profesionalizar su gestión en las empresas?

11/09/2017
Si bien la mayoría de empresas cuentan con abogados en sus plantillas, o bien con servicios externos especializados, en muchas ocasiones desconocen las implicaciones en todas las áreas del Derecho de la rama especializada del Derecho Alimentario. En este vídeo reflexionamos sobre esta realidad. Las grandes empresas comienzan a ser conscientes de esta realidad, incorporando a expertos especializados, pero las pymes no siempre tienen la posibilidad de competir con las mismas armas estratégicas y de jugar en clave anticipatoria. Solo desde un conocimiento profundo del Derecho Alimentario se puede conseguir no solo la máxima seguridad alimentaria de productos y procesos, sino también garantizar en todo lo posible la seguridad jurídica de los operadores de alimentos en cualquier tema contractual y mercantil; administrativo y de cumplimiento regulatorio, litigios, arbitrajes… Le animamos a que visualice este vídeo en el que reflexionamos sobre estas cuestiones, incidimos en la necesidad de profesionalizar el área de Derecho Alimentario en las empresas y nos ponemos a su disposición para ayudarle en todo aquello que necesite. También le animamos a que nos aporte su experiencia y opinión sobre este tema a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria. Si lo que le interesa es estar al día de las novedades en Legislación Alimentaria, puede consultar nuestra colaboración en Tecnoalimentalia.

Análisis jurídico del uso de la Stevia bebida y para endulzar

05/09/2017
La Stevia está presente en una creciente cantidad de alimentos. Sin embargo, y a pesar de su gran popularidad su situación jurídica es algo compleja. En este artículo se analiza su uso, ya extendido, como edulcorante junto a dos novedades en su empleo. Así se estudia su uso en infusiones, junto a una sentencia en que se descarta su consideración como nuevo alimento.    La Stevia está presente en una creciente cantidad de alimentos. Así, cada vez son más los productos alimenticios que la incorporan como ingrediente, en concreto, como edulcorante. Los ingredientes añadidos a los alimentos para que ejerzan en éstos una función tecnológica, como edulcorar, conservar o dar color, se denominan aditivos y se regulan en el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre aditivos alimentarios. En este sentido cabe indicar que los productos no contienen Stevia, sino un derivado de la misma, los glucósidos de esteviol, designados con el número E-960. Como todo aditivo, su uso está limitado a determinados alimentos y en determinadas circunstancias y concentraciones. Así, por ejemplo, puede emplearse en helados o leches fermentadas, sólo si son productos de valor energético reducidos o sin azúcar añadida, o en edulcorantes de mesa en la cantidad necesaria para cumplir su función, entre otros. Se ha venido entendiendo que el único uso alimentario permitido en la Unión Europea de la Stevia rebaudiana Bertoni era la de edulcorante, como ya se ha indicado, no de manera directa, sino a través de los glucósidos de esteviol. Sin embargo, dos nuevas circunstancias deben destacarse: Stevia rebaudiana Bertoni como infusión desde el 16 de junio de 2017 Tal y como indica AECOSAN en su comunicado del 19 de junio de 2017, la Comisión Europea ha concluido que el uso de hojas de Stevia rebaudiana Bertoni en infusiones de hierbas y frutas, destinadas a ser consumidas como tales, está permitido en toda la Unión, al no poder considerarse dicho uso como de nuevo alimento. Ello, no obstante, la incorporación de las hojas de Stevia para otros usos seguiría estando, a ojos de la Comisión Europea, no reconocido, por lo que a priori, no puede comercializarse con fines distintos a los indicados. Asimismo, el uso de la hoja o planta Stevia para edulcorar alimentos continuaría estando prohibido, pues dicha función lo convierte en edulcorante, y tan sólo pueden emplearse los aditivos permitidos y recogidos en el Reglamento (CE) n.º 1333/2008, que como ya hemos indicado, tan sólo prevé el uso de los glucósidos de esteviol o E-960. Sentencia nº 190/207 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Granada El pasado 10 de mayo de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Granada dictó su sentencia nº 190/2017 en la que se concluye que la hoja de Stevia no tiene consideración de nuevo alimento. La sentencia es fruto del conflicto entre una sociedad granadina constituida en 2010 dedicada a la producción y comercialización de edulcorantes y la Consejería de Salud de la

¿Por qué formarse en Derecho Alimentario Internacional?

04/09/2017
La industria española de alimentación y bebidas superó los 27.500 millones de euros en sus exportaciones en 2016, lo que supuso un crecimiento del 8% respecto a 2015. Es un dato que consolida tendencia y que evidencia que el sector agroalimentario es cada vez más internacional, no solo como exportador de producto elaborado, sino también como importador de materia prima y alimentos. Teniendo en cuenta esta realidad, la internacionalización es un elemento clave para la gestión y competitividad de los fabricantes de alimentos. Pero para internacionalizarse se requiere un conocimiento del marco regulatorio alimentario global, necesario para minimizar los riesgos de las actividades mercantiles internacionales, anticiparse e identificar nuevas oportunidades de mercado, así como evitar litigios y arbitrajes relacionados con las operaciones logísticas y de transitarios, entre otras cuestiones. Curso Presencial: Internacionalización y Legislación Alimentaria: Obligados a entenderse. 4ª Ed. Valencia Ante la buena acogida y valoración de las ediciones anteriores, hemos organizado la cuarta edición del curso: “Internacionalización y Legislación Alimentaria: Obligados a entenderse”, que con carácter presencial tendrá lugar en AINIA (Valencia) los días 16 y 17 de noviembre de 2017 y que presenta algunas novedades respecto a las anteriores. Los asistentes al curso se aproximarán y conocerán de la mano de especialistas de primer nivel el marco regulatorio alimentario global. En concreto, se abordará con especial detenimiento el marco legal en países y áreas clave para la importación y exportación de alimentos de las empresas españolas: China, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Objetivos Nuestro objetivo es que los profesionales que se formen salgan capacitados, tras conocer los principios fundamentales del derecho alimentario internacional, para: Minimizar riesgos en las actividades mercantiles de sus empresas agroalimentarias. Prever cuestiones relacionadas con el etiquetado de productos en mercados destino. Evitar litigios y arbitrajes relacionados con operaciones logísticas y de transitarios. Ampliar su conocimiento de los temas relacionados con la importación y exportación de alimentos y bebidas, permitiéndoles tomar decisiones con carácter anticipatorio. Para ello, el curso no solo abordará los aspectos técnicos y teóricos, sino que se apoyará mucho en el estudio de casos prácticos. También hay prevista una mesa redonda con todos los ponentes, cada uno de ellos especialista en uno de los aspectos de análisis, de cara a obtener una visión global e integrada de actuación. A quién va dirigido Además de técnicos y profesionales en activo de industrias agroalimentarias, el curso también va dirigido a los profesionales técnicos de organismos públicos, responsables de asuntos regulatorios y otros agentes relacionados con la exportación e importación de alimentos y bebidas. Destacado equipo de docentes Vicente Rodríguez, especialista de LEGAL AGRIFOOD, de EFLA, centrará su ponencia en la Legislación Alimentaria la UE y Terceros países. Nicola Aporti, Head of Corporate and Food Regulatory de HFG, Law & Intellectual Property, quien analizará al detalle la legislación alimentaria en China. Carlos Arola, socio de Arola Asociados. Licenciado en Derecho, especialista en temas de aduanas, quien profundizará en cuestiones relativas a clasificaciones arancelarias, operadores económicos autorizados, regímenes aduaneros, valores en aduanas, etc. Laura

La regulación del comercio electrónico de alimentos, una visión global del marco jurídico aplicable

08/08/2017
Queremos compartir el artículo publicado en la revista Tecnoalimen, en el que comentábamos algunos de los aspectos más relevantes desde el punto de vista del marco regulatorio de aplicación al comercio electrónico o e-commerce de los alimentos. En concreto, analizamos cuatro normativas que consideramos básicas para operar en el ámbito del comercio electrónico de alimentos, acorde a la legalidad: El Reglamento 1169/2011, del que resaltamos los aspectos más relevantes de aplicación en cuanto a la información y el etiquetado de los alimentos comercializados online. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Le animamos a la lectura del artículo y nos ponemos a su disposición para colaborar con Ud. en cualquier aspecto legal que tenga que ver con estos temas.    Si le ha resultado de interés y le interesa como a nosotros los temas relacionados con el e-commerce de alimentos, desde el prisma de la normativa y regulación que aplica, le animamos a que nos aporte su experiencia y reflexiones a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria.    

Vídeo: Derecho Alimentario Internacional, algunas claves

19/07/2017
La internacionalización es una vía de crecimiento esencial para las empresas alimentarias. Para alcanzar el éxito en las operaciones comerciales de exportación y/o importación es muy recomendable contar con un asesoramiento en derecho alimentario internacional, necesario para velar por su seguridad jurídica y alimentaria. En este vídeo hemos querido compartir algunos de los puntos esenciales que hay que tener en cuenta en temas de internacionalización de industrias alimentarias, desde el prisma del Derecho Alimentario, y resaltamos algunos de los aspectos relevantes de la legislación alimentaria que aplica a determinadas zonas de interés comercial como EE.UU., Mercosur, China, Rusia o Golfo Pérsico. También reflexionamos sobre el Brexit y el TTIP y su repercusión para el Derecho Alimentario Internacional.   Si le ha resultado de interés y le interesa como a nosotros la internacionalización de la industria agroalimentaria, le animamos a que nos aporte su experiencia y reflexiones a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria.

Analizamos el principio de libre circulación de mercancías alimentarias

18/07/2017
Este artículo explica, en el ámbito del Derecho alimentario, la problemática que se origina entre el principio de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea con las reglamentaciones alimentarias nacionales. La facultad de cada Estado miembro de legislar en esta materia puede suscitar variaciones en las legislaciones de un Estado a otro y, en este contexto, se estudia la solución elaborada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La existencia en Europa de un Mercado Único comunitario implica que dentro del territorio de la Unión no pueden existir barreras comerciales que obstaculicen la libre circulación de mercancías. En concreto, el Tratado de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 1957, desarrolla este principio fundamental en los artículos 30 y siguientes, en los que suprime las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros. En el campo de los productos alimenticios, esta disposición debe entenderse en el sentido de que se suprime cualquier restricción a la libertad de los intercambios de alimentos en el comercio intracomunitario. No obstante, el Tratado establece excepciones a la libre circulación de mercancías en general, siempre que estén «justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial» (artículo 36). Así las cosas, se justifican restricciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, pero resulta indispensable que concurra alguna de las causas taxativamente tasadas. Situado en su contexto, el Tratado únicamente prohíbe las trabas a los intercambios por alguna de las causas previstas en el catálogo, si bien no impide aquellas medidas que se aplican de forma indistinta a los productos nacionales y a los importados, siempre que no sean desproporcionadas ni constituyan una restricción encubierta. Es el caso de las reglamentaciones alimentarias, que obligan a todos los elaboradores, comerciantes e importadores de determinados productos alimenticios. Con este planteamiento y considerando que el Tratado no se opone a la facultad de los Estados para legislar, la excepción contenida en el artículo 36 condiciona el funcionamiento de las corrientes de importación. Ello da lugar a una variada reglamentación que contiene especificaciones de composición de los productos alimenticios que dificulta el intercambio de estas mercancías entre los Estados miembros y, como consecuencia, productos lícitamente comercializados en un Estado pueden ser prohibidos en otro. Sin lugar a dudas, las potestades normativas de los Estados miembros afectan directamente a la libre circulación de mercancías en el mercado interior, puesto que estas reglamentaciones comerciales provocan efectos equivalentes a las restricciones cuantitativas, como ha apreciado el Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones. Desde la sentencia «Dassonville», referente a la importación en Bélgica de un lote Scotch whisky que ya se encuentra en libre práctica en Francia, sin estar en posesión del certificado de origen de la autoridad aduanera británica, infringiendo con

Cómo obtener una ventaja competitiva con las declaraciones nutricionales comparativas

04/07/2017
La normativa que regula el uso de declaraciones nutricionales en el etiquetado de los productos alimenticios permite la realización de comparaciones entre los nutrientes contenidos en distintos productos. Se trata de una referencia en el etiquetado del alimento capaz de genera un gran impacto en el consumidor y que, correctamente realizada, puede ayudarle a decantarse por un producto en concreto y, con ello, generar una ventaja competitiva para la empresa productora En este sentido, el artículo 9 del Reglamento 1924/2006, de 20 de diciembre, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, permite la realización de dichas declaraciones comparativas en los siguientes términos: Sin perjuicio de lo establecido en la Directiva 84/450/CEE, solamente podrán compararse alimentos de la misma categoría, tomando en consideración una serie de alimentos de dicha categoría. Deberá mencionarse la diferencia en la cantidad de un nutriente o el valor energético, y la comparación deberá hacer referencia a la misma cantidad de alimento. Las declaraciones nutricionales comparativas deberán comparar la composición del alimento en cuestión en relación con una serie de alimentos de la misma categoría, cuya composición no permita que figure en ellos una declaración, incluidos los productos alimenticios de otras marcas. El precepto en cuestión plantea ciertas dudas interpretativas, por ejemplo, en torno a si los productos comparados pertenecen a una misma categoría o al modo en que debe reflejarse la declaración nutricional en la etiqueta, lo que puede generar inseguridad a las empresas alimentarias a la hora de diseñar el etiquetado de sus productos. Para interpretar correctamente la norma, podemos tomar en consideración el documento “Guidance on the implementation of Regulation nº 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods”, publicado por la Comisión el 14 de diciembre de 2007, que contiene, entre otras cuestiones, criterios para la realización de declaraciones nutricionales comparativas, y del que destacaremos sus aspectos más importantes. El primer aspecto a reseñar es que, con independencia de que el objetivo del claim sea el de comparar las características nutricionales de dos alimentos, se trata de una declaración de propiedades nutricionales y, por tanto, debe cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento n.º 1924/2006, entre los que se encuentra la inclusión del claim en el anexo de las declaraciones permitidas. Según se indica en el documento “Guidance on the implementation of Regulation nº 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods“, las únicas declaraciones comparativas incluidas en el mismo son “valor energético reducido”, “mayor contenido de [nombre del nutriente]”, “contenido reducido de [nombre del nutriente]” y “Light/ligero”, por lo que el claim a incluir en el etiquetado debe ceñirse dicha referencia y cumplir los requisitos que se establecen para su empleo, entre los que se encuentra la diferencia mínima que tiene que haber entre las condiciones nutricionales de los productos a comparar. Otro aspecto a destacar es que el Reglamento n.º 1924/2006 limita el uso de las declaraciones comparativas a alimentos que pertenezcan a una misma categoría, sin determinar ni definir las mismas. La

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