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La responsabilidad penal de la empresa alimentaria

13/12/2017
En el ámbito del Derecho Penal empresarial destaca la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional. El establecimiento de una Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ) no exime per se la responsabilidad de la persona física, que se mantiene en el artículo 31 de nuestro Código Penal. Por tanto, cabe la condena de una persona física y de la persona jurídica. La novedad reside pues, en que ahora es posible condenar a una persona jurídica, es decir, a una empresa, por un delito cometido en la misma. Se configura así un estatuto penal que contiene el ámbito subjetivo, esto es, quién puede ser responsable, las acciones consideradas delitos y las penas que pueden imponerse a las mismas. El artículo 31 bis del Código Penal determina que cualquier persona jurídica es susceptible de responsabilidad penal, exceptuando expresamente a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Se establecen como una excepción a la excepción, las entidades públicas que hayan sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. ¿Cuándo es responsable penal una empresa alimentaria?   Una vez concretado el ámbito subjetivo, el artículo 31.1 bis del CP establece los criterios de atribución de la responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de uno de los dos siguientes escenarios: la comisión de delitos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto. Las personas físicas tras los mismos deben ser sus representantes legales o aquellos que actúan como un órgano de la persona jurídica y están autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma, u ostentan facultades de organización y control dentro de las mismas. la comisión de delitos en el ejercicio de las actividades sociales, y por cuenta y en beneficio de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas indicadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Por tanto, la persona jurídica o empresa puede ser condenada penalmente bien por los delitos cometidos por sus representantes, o quienes están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa, o quienes tienen facultades de organización y control; o bien por cualquier trabajador de la empresa cuando quienes ostentan dichas facultades no ejercen el control necesario sobre los mismos. Tal y como recoge la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, debe acreditarse la comisión de la infracción penal, individualizando una acción cometida por una persona física, para verificar seguidamente que se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad a la persona jurídica. Ello no implica que la responsabilidad penal de la empresa dependa del reconocimiento judicial de la responsabilidad penal de la persona física. Tampoco excluye la no identificación

Artículo en El Economista sobre “Fraude, derecho alimentario y autocontrol”

12/12/2017
Bajo el título “Fraude, derecho alimentario y autocontrol”, proseguimos con las colaboraciones periódicas en el suplemento Agro de El Economista, destacado diario económico en papel de los primeros portales económicos de España en su edición digital.  

La importancia del derecho alimentario para la industria

28/11/2017
El papel del derecho es relevante por la complejidad y globalización de las actividades en el ámbito de la industria alimentaria. El derecho alimentario tiene conexión directa con dos cuestiones principales: por un lado, la transparencia de las actividades que se desarrollan y por otro, con la reputación de la empresa. Para garantizar la seguridad jurídica de la industria alimentaria, ésta necesita contar con un adecuado asesoramiento de forma que todas las operaciones hayan sido analizadas desde el prisma de la legislación vigente. Un experto en derecho alimentario conoce aspectos muy específicos del derecho que aportan valor para que las empresas puedan realizar su labor con seguridad y de acuerdo a la regulación vigente. Entre los beneficios que conlleva para la empresa contar con este tipo de profesional encontramos: Estar al día de la legislación alimentaria que le aplica en todos sus ámbitos de actividad. Seguridad en la interpretación legal en temas clave relacionados con calidad, seguridad alimentaria y seguridad jurídica aplicada al desarrollo de su actividad. Anticipación ante posibles cambios legislativos.

La responsabilidad penal de la empresa alimentaria: qué es, cómo evitarla

21/11/2017
Nuestra tradición jurídica no permitía que una persona jurídica, es decir una empresa, pudiera ser condenada penalmente. Sin embargo, en 2010 se modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional. Esto supone que cabe la condena de una empresa por actos cometidos en su seno. El cumplimiento de la normativa penal suele ser el gran olvidado de muchas empresas del sector, que se centran en el denominado cumplimiento regulatorio, o de los criterios concretos que resultan de aplicación a los alimentos que producen o a sus instalaciones, entre otros. En este contexto, el Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, ha preparado una serie de cuatro artículos que tratan el tema del compliance penal (programas de cumplimiento) o responsabilidad penal de las empresas del sector alimentario, dando a conocer así a las empresas del sector, con independencia de su tamaño, los requisitos que deben cumplir, aportando los conocimientos y experiencia de su equipo en la materia. El primer artículo será una introducción a la responsabilidad penal de la empresa alimentaria, indicando las condiciones que deben darse para que exista responsabilidad penal, así como el catálogo de delitos que puede cometer una empresa y las penas que le pueden ser impuestas. El segundo artículo, versará sobre las características de los modelos o programas para extinguir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa. Se especificarán los requisitos generales de los modelos de Compliance establecidos en el Código Penal, así como la interpretación que de los mismos realiza la Fiscalía General del Estado. El tercer artículo tratará la posibilidad de atenuar y extinguir la responsabilidad penal de la empresa, introduciendo el corporate compliance, así como los requisitos de exención y de atenuación de la pena aplicable. Finalmente, la cuarta entrega analiza la figura del Compliance Officer como órgano de cumplimiento integrado en la organización de la empresa alimentaria, así como la posibilidad de externalizar dicho control y hasta qué punto. Además, se hará referencia a la relación entre Compliance Officer y Órgano de Administración, y al régimen simplificado aplicable a las empresas alimentarias de pequeño tamaño. Además de identificar los posibles riesgos penales de la empresa alimentaria, con la finalidad de evitarlos, es necesario recalcar la importancia de la defensa Penal Corporativa. Por tanto, cuando se inicie un proceso penal contra la empresa alimentaria ésta deberá estar asesorada por letrados expertos en la materia desde el primer momento. El Departamento de Derecho Alimentario de AINIA cuya trayectoria en el sector de la alimentación es incuestionable, cuenta con un equipo de excelentes abogados a disposición de su empresa. No dude en contactar con nosotros a través de nuestro portal de Derecho Alimentario Lexainia.

La interrelación entre Derecho Mercantil y Derecho Alimentario

09/11/2017
El impacto del “compliance” o “cumplimiento regulatorio” en la industria alimentaria tiene una repercusión sumamente importante. Como el resto de industrias, tiene aspectos vinculados a cuestiones penales, fiscales, etc. además de temas tan importantes como la salud de los consumidores, el fraude en los productos alimenticios, etc. Por ejemplo, cuando una empresa realiza una operación de compra-venta, además de en los plazos, las condiciones con las que se va a recibir ese producto… se debe poner el foco en la cuestiones que tienen que ver con el derecho alimentario. Estas cuestiones pueden ser muy relevantes a la hora de sustanciar cualquier discrepancia entre cliente y proveedor en relación a las características del producto alimenticio o la materia prima. Buen ejemplo de ello lo constituyen los alimentos o materias primas que provienen de un tercer país. en este caso, debemos asegurarnos de que dichas materias primas cumplen con la regulación del país de procedencia, pero también con la legislación alimentaria de la Unión Europea. Este vídeo explica la importancia de tener en cuenta el grado de especialidad que es necesario para el tratamiento profesional de estas cuestiones. Le animamos a que nos aporte su experiencia y opinión sobre este tema a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria. Si lo que le interesa es estar al día de las novedades en Legislación Alimentaria, puede consultar nuestra colaboración en Tecnoalimentalia. En Lexainia, estamos a su disposición para ayudarle en todo aquello que necesite.

La importancia de una correcta fijación de las pretensiones en la vía administrativa

31/10/2017
En la práctica, es habitual que los clientes acudan a sus abogados ante la notificación de una resolución firme en vía administrativa, con la voluntad de interponer el correspondiente recurso en sede judicial. Ahora bien, es importante tener en cuenta que lo actuado previamente ante la Administración vincula el eventual recurso contencioso-administrativo que se interponga, dado el carácter revisor de esta jurisdicción, por lo que es recomendable contar con el asesoramiento legal adecuado durante la tramitación del procedimiento administrativo. A modo de ejemplo, pensemos en un supuesto de denegación de un título habilitante para el ejercicio de la actividad. En este caso, los términos en que se redacte el eventual recurso en vía administrativa pueden dificultar la revisión de la resolución en sede judicial. En este sentido, las pretensiones formuladas por el recurrente en vía administrativa delimitan el contenido del proceso judicial, de modo que se incurre en desviación procesal, entre otros supuestos, cuando se ejercitan en vía jurisdiccional pretensiones que no fueron objeto de la resolución administrativa impugnada y sobre las que, en consecuencia, la Administración demandada no ha tenido la posibilidad de pronunciarse. Desviación procesal como causa de inadmisión del recurso Si bien el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no contempla expresamente la desviación procesal como causa de inadmisión del recurso, la jurisprudencia viene amparando esta figura, considerando que encajaría en la causa prevista en la letra c) del referido precepto, según el cual se declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones cuando “tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación”. En la jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales de Justicia encontramos multitud de supuestos en los que se ha declarado la inadmisión del recurso por introducir en sede judicial pretensiones nuevas respecto de las planteadas ante la Administración, e incluso cuando se han alterado sustancialmente las pretensiones que sí fueron planteadas en vía administrativa (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1983, 1 de febrero de 1991, 12 de noviembre de 1996 y 10 de junio de 2003). Teniendo en cuenta que no es admisible que se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional, resultan de capital importancia las actuaciones realizadas ante la Administración, máxime si tenemos en cuenta que, como señala el Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 21 de mayo de 1999 o 4 de noviembre de 2003, “el planteamiento de pretensiones nuevas es un defecto insubsanable, ya que afecta a lo que es el objeto del recurso contencioso-administrativo, dentro del cual deben producirse las pretensiones de la parte y la decisión del órgano jurisdiccional“. Pretensiones y motivos, clave en la admisión del recurso contencioso-administrativo No obstante, no puede perderse de vista que el artículo 56.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introduce una precisión muy importante en relación con la desviación procesal, al disponer que en el

Prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria

05/10/2017
En este artículo exponemos la transformación que ha experimentado el funcionamiento de la cadena alimentaria en los últimos años y las consecuencias que ello ha tenido en las relaciones comerciales entre los distribuidores alimentarios y sus proveedores. En los últimos años, la cadena de suministro alimentario ha cambiado debido a distintas razones: económicas (la crisis económica global), sociales (se han modificado los hábitos de consumo de los consumidores) y demográficas (la esperanza de vida ha aumentado y la población mundial se ha incrementado), así como de índole regulatoria (los cambios introducidos a través de la PAC), que han producido alteraciones en la estructura de la demanda de los alimentos y, como consecuencia, en las relaciones de las empresas alimentarias. Uno de los cambios más significativos que ha influido en la transformación del sector ha sido la concentración de empresas, que se ha producido principalmente en el eslabón de la distribución, donde se ha consolidado la figura de los hipermercados y supermercados en sustitución del comercio minorista tradicional. En esta consolidación han influido otros factores, como la creación de centrales de compra (que suministran los productos a los puntos de venta), la integración vertical (diversas empresas con tareas diferentes en la cadena alimentaria que pertenecen al mismo grupo empresarial) y el desarrollo de las marcas de distribuidor (surgidas en el marco de una estrategia comercial de precios bajos de los distribuidores). Esta situación ha fortalecido el poder de negociación de la gran distribución frente a sus proveedores y ello ha provocado que sus relaciones comerciales sean desiguales, generando conflictos en la negociación comercial. Tal es así, que en algunas ocasiones los distribuidores han utilizado su mayor poder de negociación para forzar precios a la baja e imponer condiciones contractuales injustas, que los proveedores han aceptado a fin de cerrar la relación contractual o simplemente, para evitar ser expulsados del mercado. Una de las prácticas más extendidas es la inclusión en los contratos de cláusulas ambiguas, de tal forma que durante la relación contractual los distribuidores pueden imponer obligaciones adicionales a las acordadas previamente; o la incorporación de cláusulas relacionadas con las restricciones territoriales de suministro, que pueden generar una fragmentación del mercado. También es habitual, en el marco de la relación contractual, que los distribuidores soliciten información confidencial sobre los productos contratados y se nieguen a firmar un acuerdo de confidencialidad, o no lo respeten, usando indebidamente la información recibida en su provecho para desarrollar sus propios productos competidores. Esas condiciones contractuales impuestas por la parte que se encuentra en situación de superioridad y que perjudican a la parte más débil, que tiene menos poder de negociación y ninguna posibilidad de abandonar la relación, son precisamente lo que se conoce como «prácticas comerciales desleales». Estas conductas no únicamente afectan a los empresarios, también al resto de participantes del mercado, como los consumidores, y al interés público. Por ejemplo, si un proveedor se ve obligado a firmar un contrato que le suponga un margen de beneficios reducido, su capacidad económica se ve

Responsabilidad patrimonial de la Administración ante una gestión incorrecta en una alerta alimentaria

27/09/2017
Recientemente se ha conocido que la Justicia alemana ha dado la razón a dos empresas españolas en cuanto a los daños y perjuicios que se les ocasionó con motivo de la gestión de la alerta alimentaria del E-coli en 2011 en Alemania, conocida como “crisis de los pepinos”. En este artículo comentamos este tema en conexión con la responsabilidad patrimonial de la Administración. Las empresas españolas de productos ecológicos Hortícola Costa de Almería y Frunet Bio de Málaga han visto reconocido sus derechos ante la errónea gestión que llevó a cabo la Administración alemana en este asunto, tras demostrarse que los pepinos que comercializan no habían sido los portadores de la E-coli y por tanto no eran responsables de los hechos que se les había imputado inicialmente. La decisión del tribunal alemán supone un reconocimiento al perjuicio económico y reputacional que habían sufrido estas empresas. Además, con el acuerdo alcanzado, se logra algo más que una indemnización económica, ya que se reconoce el error cometido y que la acusación era infundada e injusta. Con la sentencia y el posterior acuerdo se da por cerrada una situación complicada para el sector hortícola español, que provocó fuertes pérdidas económicas. Este episodio generó una caída en las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas a Alemania. Además, obligó a la Unión Europea al desembolso de más de 200 millones de € destinados a la retirada de productos y a actuaciones de promoción. Todo se desencadenó como consecuencia de las declaraciones de Cornelia Prüfer-Storcks (Responsable de Sanidad en Hamburgo) en las ponía el punto de mira en los pepinos españoles como transmisores de la E.coli y causantes de las muertes. Aunque después se demostró que el origen eran unos brotes germinados cultivados en la Baja Sajonia. Las declaraciones de la funcionaria alemana fueron precipitadas y generaron una situación de alerta con acusaciones que después se demostró que eran infundadas. La responsabilidad patrimonial de la Administración en España Estamos ante un ejemplo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, si bien hay que reconocer la lentitud en su resolución, ya que, con relación a los hechos acaecidos en 2011, seis años después es cuando en cierto modo se resarce a los afectados por una actuación incorrecta de la Administración. Ante este tipo de situaciones es muy importante que la Administración Pública actúe de forma correcta y adecuada, es decir, que tenga muy presente el principio de proporcionalidad en todas y cada una de sus actuaciones, ya que una medida desproporcionada puede tener efectos devastadores sobre la actividad empresarial. La “Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas” está contemplada en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 39/2015 y 40/2015. Por tanto, los administrados tenemos la opción para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la administración. El artículo 32 de la Ley 40/2015 fija los principios de la responsabilidad y establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y

Competencia desleal, e-commerce e impuestos, temas cada día más relevantes en el marco del Derecho Alimentario

25/09/2017
La proliferación de productos reclamo y el aumento de casos vinculados a competencia desleal; el crecimiento imparable del e-commerce en alimentación y la tendencia a la regulación tributaria o fiscal de temas vinculados a impuestos especiales en determinado tipo de alimentos y/o bebidas, como el reciente caso de las bebidas azucaradas envasadas… Estos son algunos ejemplos que evidencian la importancia creciente del Derecho Alimentario en el ámbito de la actividad diaria de los operadores de alimentos. En el vídeo reflexionamos sobre estos temas, compartiendo reflexiones con aquellos interesados en la materia.   ¿Y Ud.? ¿Qué opina?. Le animamos a que nos aporte su experiencia y reflexiones a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria.  

Derecho Alimentario, ¿por qué es importante profesionalizar su gestión en las empresas?

11/09/2017
Si bien la mayoría de empresas cuentan con abogados en sus plantillas, o bien con servicios externos especializados, en muchas ocasiones desconocen las implicaciones en todas las áreas del Derecho de la rama especializada del Derecho Alimentario. En este vídeo reflexionamos sobre esta realidad. Las grandes empresas comienzan a ser conscientes de esta realidad, incorporando a expertos especializados, pero las pymes no siempre tienen la posibilidad de competir con las mismas armas estratégicas y de jugar en clave anticipatoria. Solo desde un conocimiento profundo del Derecho Alimentario se puede conseguir no solo la máxima seguridad alimentaria de productos y procesos, sino también garantizar en todo lo posible la seguridad jurídica de los operadores de alimentos en cualquier tema contractual y mercantil; administrativo y de cumplimiento regulatorio, litigios, arbitrajes… Le animamos a que visualice este vídeo en el que reflexionamos sobre estas cuestiones, incidimos en la necesidad de profesionalizar el área de Derecho Alimentario en las empresas y nos ponemos a su disposición para ayudarle en todo aquello que necesite. También le animamos a que nos aporte su experiencia y opinión sobre este tema a través del Grupo de Legislación Alimentaria de LinkedIn, donde más de 1.000 profesionales con intereses compartidos debatimos sobre los más diversos temas de Derecho Alimentario y su aplicación en la industria. Si lo que le interesa es estar al día de las novedades en Legislación Alimentaria, puede consultar nuestra colaboración en Tecnoalimentalia.

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