La responsabilidad penal de la empresa alimentaria

Laura LópezBy Laura López 2 meses agoNo Comments
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En el ámbito del Derecho Penal empresarial destaca la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal quebrando el tradicional principio «societas delinquere non potest», creando así en nuestro ordenamiento jurídico la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre ellas, de la empresa alimentaria, que ya estaba presente en el ámbito internacional.

El establecimiento de una Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ) no exime per se la responsabilidad de la persona física, que se mantiene en el artículo 31 de nuestro Código Penal. Por tanto, cabe la condena de una persona física y de la persona jurídica.

La novedad reside pues, en que ahora es posible condenar a una persona jurídica, es decir, a una empresa, por un delito cometido en la misma. Se configura así un estatuto penal que contiene el ámbito subjetivo, esto es, quién puede ser responsable, las acciones consideradas delitos y las penas que pueden imponerse a las mismas.

El artículo 31 bis del Código Penal determina que cualquier persona jurídica es susceptible de responsabilidad penal, exceptuando expresamente a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Se establecen como una excepción a la excepción, las entidades públicas que hayan sido creadas con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

¿Cuándo es responsable penal una empresa alimentaria?

 

Una vez concretado el ámbito subjetivo, el artículo 31.1 bis del CP establece los criterios de atribución de la responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de uno de los dos siguientes escenarios:

  1. la comisión de delitos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su beneficio directo o indirecto. Las personas físicas tras los mismos deben ser sus representantes legales o aquellos que actúan como un órgano de la persona jurídica y están autorizados para tomar decisiones en nombre de la misma, u ostentan facultades de organización y control dentro de las mismas.
  2. la comisión de delitos en el ejercicio de las actividades sociales, y por cuenta y en beneficio de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas indicadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Por tanto, la persona jurídica o empresa puede ser condenada penalmente bien por los delitos cometidos por sus representantes, o quienes están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa, o quienes tienen facultades de organización y control; o bien por cualquier trabajador de la empresa cuando quienes ostentan dichas facultades no ejercen el control necesario sobre los mismos.

Tal y como recoge la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, debe acreditarse la comisión de la infracción penal, individualizando una acción cometida por una persona física, para verificar seguidamente que se cumplen los criterios de transferencia de la responsabilidad a la persona jurídica. Ello no implica que la responsabilidad penal de la empresa dependa del reconocimiento judicial de la responsabilidad penal de la persona física. Tampoco excluye la no identificación del autor del delito o la imposibilidad de dirigir un procedimiento contra el mismo, como tampoco son trasladables a la persona jurídica las agravantes y atenuantes relativas a la culpabilidad de la persona física.

Penas que se pueden imponer a una empresa

La singular naturaleza de una persona jurídica hace necesaria la creación de un catálogo propio de penas que le pueden ser impuestas. Así, el legislador creó el artículo 33.7 del Código Penal, en el que se recogen las siguientes penas aplicables a las empresas:

  • Multa por cuotas o proporcional al daño causado.
  • Disolución de la persona jurídica. La disolución conlleva la pérdida de la personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar en el tráfico jurídico.
  • Suspensión de sus actividades, por plazo igual o inferior a cinco años.
  • Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo igual o inferior a cinco años.
  • Prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito. La prohibición puede ser temporal (inferior a quince años) o definitiva.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por plazo igual o inferior a quince años.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, por tiempo igual o inferior a cinco años.

Como puede observarse, se trata de un catálogo muy variado que incluye penas de gran gravedad como la suspensión de las actividades, la clausura de locales o establecimientos, la prohibición de realizar sus actividades la inhabilitación para ser partícipe de subvenciones, ayudas o deducciones públicas, e incluso la disolución de la persona jurídica.

¿Qué delitos puede cometer una empresa?

Tras determinar cuándo puede ser condenada una persona jurídica, y en qué consiste dicha pena, debe indicarse que ex lege, tan sólo puede cometer un catálogo cerrado de delitos.

Los delitos que puede cometer una persona jurídica son: tráfico ilegal de órganos o su transplante, trata de seres humanos, prostitución y pornografía infantil, delitos informáticos con descubrimiento y revelación de secretos, estafas y fraudes, insolvencias punibles, daños informáticos, frustración de la ejecución, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores, corrupción privada, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ordenación del territorio y urbanismo, financiación ilegal de partidos políticos, delitos contra el medio amiente, relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, delitos de riesgo provocados por explosivos, delitos contra la salud pública en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito/débito y cheques de viaje, cohecho, tráfico de influencias, organizaciones y grupos criminales, delitos de odio y enaltecimiento, financiación del terrorismo y ciertos casos de contrabando.

Como puede observarse, el catálogo de delitos que puede cometer una persona jurídica, y, por tanto, una empresa del sector alimentario, es muy amplio. Existen determinados delitos que corresponden con la actividad propia de la empresa alimentaria, como son los delitos contra la salud pública contenidos en los artículos 363, 364 y 365, o aquellos que afectan al medio ambiente (artículo 325).

Sin embargo, ello no obsta para que, como cualquier otra empresa, pueda cometer delitos relativos a la propiedad intelectual, estafas, fraudes, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, insolvencias punibles, frustración de la ejecución, daños o delitos informáticos, entre otros.

La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida en 2010 y modificada en 2015 se encuentra ya en plena aplicabilidad, existiendo un número creciente de resoluciones judiciales.

Por último, cabe destacar que por mandato del artículo 130 del Código Penal, no es posible la extinción de la responsabilidad penal de la empresa por su transformación, fusión, absorción o escisión, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida, y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. Tampoco extingue la responsabilidad la disolución encubierta o meramente aparente, es decir, cuando se continúe con la actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados.

En el próximo artículo se analizará cómo atenuar y extinguir la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los modelos generales de gestión y organización, conocidos también como programas o modelos de compliance.

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Este análisis solo contiene información general. No constituye asesoramiento legal sobre ningún supuesto en particular.

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