Responsabilidad patrimonial de la Administración ante una gestión incorrecta en una alerta alimentaria

José Mª FerrerBy José Mª Ferrer 2 meses agoNo Comments
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Recientemente se ha conocido que la Justicia alemana ha dado la razón a dos empresas españolas en cuanto a los daños y perjuicios que se les ocasionó con motivo de la gestión de la alerta alimentaria del E-coli en 2011 en Alemania, conocida como “crisis de los pepinos”. En este artículo comentamos este tema en conexión con la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Las empresas españolas de productos ecológicos Hortícola Costa de Almería y Frunet Bio de Málaga han visto reconocido sus derechos ante la errónea gestión que llevó a cabo la Administración alemana en este asunto, tras demostrarse que los pepinos que comercializan no habían sido los portadores de la E-coli y por tanto no eran responsables de los hechos que se les había imputado inicialmente.

La decisión del tribunal alemán supone un reconocimiento al perjuicio económico y reputacional que habían sufrido estas empresas. Además, con el acuerdo alcanzado, se logra algo más que una indemnización económica, ya que se reconoce el error cometido y que la acusación era infundada e injusta.

Con la sentencia y el posterior acuerdo se da por cerrada una situación complicada para el sector hortícola español, que provocó fuertes pérdidas económicas. Este episodio generó una caída en las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas a Alemania. Además, obligó a la Unión Europea al desembolso de más de 200 millones de € destinados a la retirada de productos y a actuaciones de promoción.

Todo se desencadenó como consecuencia de las declaraciones de Cornelia Prüfer-Storcks (Responsable de Sanidad en Hamburgo) en las ponía el punto de mira en los pepinos españoles como transmisores de la E.coli y causantes de las muertes. Aunque después se demostró que el origen eran unos brotes germinados cultivados en la Baja Sajonia. Las declaraciones de la funcionaria alemana fueron precipitadas y generaron una situación de alerta con acusaciones que después se demostró que eran infundadas.

La responsabilidad patrimonial de la Administración en España

Estamos ante un ejemplo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, si bien hay que reconocer la lentitud en su resolución, ya que, con relación a los hechos acaecidos en 2011, seis años después es cuando en cierto modo se resarce a los afectados por una actuación incorrecta de la Administración.

Ante este tipo de situaciones es muy importante que la Administración Pública actúe de forma correcta y adecuada, es decir, que tenga muy presente el principio de proporcionalidad en todas y cada una de sus actuaciones, ya que una medida desproporcionada puede tener efectos devastadores sobre la actividad empresarial.

La “Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas” está contemplada en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 39/2015 y 40/2015. Por tanto, los administrados tenemos la opción para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la administración.

El artículo 32 de la Ley 40/2015 fija los principios de la responsabilidad y establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos (el daño alegado sea objetivable y evaluable económicamente), siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Aspectos que debemos tener en cuenta para ejercer este derecho:

  • Prescribe al año de producido el hecho o acto que lo motiva.
  • En el caso de indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa, prescribe al año de la notificación de resolución administrativa o sentencia definitiva.
  • La solicitud de iniciación debe acompañarse de la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

Por tanto, el administrado tiene la capacidad de actuar ante la Administración Pública cuando estime que es exigible una responsabilidad como consecuencia de actos administrativos desproporcionados y que han ocasionado un daño económico como el que estamos analizando el artículo.

Somos conscientes de lo complicado que es mantener un equilibrio entre la seguridad y salud de los consumidores y las posibles repercusiones de carácter económico y reputacional que las medidas que han tomado las Autoridades Competentes ante situaciones como la que en su día se dio.

Por ello, tiene gran importancia que desde las distintas Autoridades Competentes se ponderen las medidas a tomar, realizando una adecuada interpretación del principio de proporcionalidad, para evitar que posteriormente puedan surgir situaciones que obliguen a la exigencia de la responsabilidad patrimonial por parte de los administrados.

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