Qué hacer ante el inicio de un procedimiento sancionador

Fatima AragonesBy Fatima Aragones 5 meses agoNo Comments
Home  /  blog  /  Artículos  /  Qué hacer ante el inicio de un procedimiento sancionador

Ante los incumplimientos de la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición, incluidos los derivados de un defectuoso o insuficiente etiquetado de los productos, las Administraciones Públicas competentes están legitimadas para hacer uso de su potestad sancionadora e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. Incoado un procedimiento sancionador, la actuación de la empresa en la vía administrativa puede ser decisiva de cara a lograr un archivo de las actuaciones o, en caso contrario, para preparar el expediente de cara a un eventual proceso contencioso-administrativo.

La principal consecuencia que puede derivarse del mismo para los operadores de empresas alimentarias es la imposición de una sanción económica que, en función de la calificación de la infracción, puede ascender a cientos de miles de euros. Asimismo, no puede perderse de vista que la Administración tiene también la facultad de imponer otras sanciones accesorias, tales como el decomiso de las mercancías, el cierre temporal de las instalaciones para infracciones muy graves, o la publicidad de las sanciones, con el consiguiente daño reputacional y pérdida de la confianza de los clientes que ello puede generar.

Incoado un procedimiento sancionador, la actuación de la empresa en la vía administrativa puede ser decisiva de cara a lograr un archivo de las actuaciones o, en caso contrario, para preparar el expediente de cara a un eventual proceso contencioso-administrativo.

Por ello, es recomendable que, recibido el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y de cara a articular la defensa en vía administrativa, se analicen ciertos aspectos tanto sustantivos como procedimentales, regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP).

En primer lugar, se debe verificar que el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador ha sido notificado correctamente y contiene todas las indicaciones obligatorias que establece el artículo 64 de la LPAC, con especial atención a los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder. Debe tenerse en cuenta que, entre otras menciones, el acuerdo de iniciación debe hacer referencia expresa al derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como de los plazos para su ejercicio.

En segundo lugar, debe verificarse que el órgano que dicta el acuerdo de iniciación es el competente por razón de la materia y del territorio. En este sentido, el acuerdo de iniciación debe identificar, además de al instructor y, en su caso, al secretario del procedimiento, al órgano competente para resolver el procedimiento e indicar la norma que le atribuya la competencia.

Por otro lado, debe comprobarse que la infracción no haya prescrito según el plazo establecido en la norma sancionadora, pues ello extinguiría la posibilidad de la Administración competente de sancionar la conducta antijurídica.

Verificar la realidad de la imputación 

Se debe realizar también un análisis de los hechos para verificar la realidad de la imputación que se realiza por parte de la Administración y, en su caso, poder elaborar una defensa sobre los mismos. De este modo, podría alegarse que dichos hechos no se han producido, que no constan acreditados, que no constituyen la infracción imputada o bien que concurren circunstancias que pueden modular una eventual sanción.

Adicionalmente, resulta relevante revisar la responsabilidad imputada al presunto sujeto infractor, pues para sancionarle es necesario que concurra el elemento subjetivo de la culpabilidad, es decir, que sea responsable de la comisión de la infracción a título de dolo o de culpa.

Finalmente, es esencial analizar si la Administración actuante ha respetado los principios que rigen la potestad sancionadora, que se encuentran regulados en los artículos 25 y siguientes de la LRJSP, y que se concretan en los principio de legalidad, de irretroactividad de la norma sancionadora no favorable, de tipicidad, de proporcionalidad y non bis in idem.

Todos los aspectos expuestos deben ser objeto de análisis ante la apertura de un procedimiento sancionador, pues de ellos dependerá en gran medida el éxito de las alegaciones que se formulen en vía administrativa y, en su caso, en vía de recurso.

Si precisa de asistencia jurídica en esta materia, el Departamento de Derecho Alimentario de ainia, cuenta con abogados expertos en Derecho Administrativo que podrán asesorarle, ofreciéndole soluciones y representándolo, en su caso, tanto en vía administrativa como en un eventual procedimiento contencioso-administrativo.

 

Category:
  Artículos
this post was shared 0 times
 100
Fatima Aragones
About

 Fatima Aragones

  (3 articles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.