Prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria

Laura HerraezBy Laura Herraez 2 meses agoNo Comments
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En este artículo exponemos la transformación que ha experimentado el funcionamiento de la cadena alimentaria en los últimos años y las consecuencias que ello ha tenido en las relaciones comerciales entre los distribuidores alimentarios y sus proveedores.

En los últimos años, la cadena de suministro alimentario ha cambiado debido a distintas razones: económicas (la crisis económica global), sociales (se han modificado los hábitos de consumo de los consumidores) y demográficas (la esperanza de vida ha aumentado y la población mundial se ha incrementado), así como de índole regulatoria (los cambios introducidos a través de la PAC), que han producido alteraciones en la estructura de la demanda de los alimentos y, como consecuencia, en las relaciones de las empresas alimentarias.

Uno de los cambios más significativos que ha influido en la transformación del sector ha sido la concentración de empresas, que se ha producido principalmente en el eslabón de la distribución, donde se ha consolidado la figura de los hipermercados y supermercados en sustitución del comercio minorista tradicional. En esta consolidación han influido otros factores, como la creación de centrales de compra (que suministran los productos a los puntos de venta), la integración vertical (diversas empresas con tareas diferentes en la cadena alimentaria que pertenecen al mismo grupo empresarial) y el desarrollo de las marcas de distribuidor (surgidas en el marco de una estrategia comercial de precios bajos de los distribuidores).

Esta situación ha fortalecido el poder de negociación de la gran distribución frente a sus proveedores y ello ha provocado que sus relaciones comerciales sean desiguales, generando conflictos en la negociación comercial. Tal es así, que en algunas ocasiones los distribuidores han utilizado su mayor poder de negociación para forzar precios a la baja e imponer condiciones contractuales injustas, que los proveedores han aceptado a fin de cerrar la relación contractual o simplemente, para evitar ser expulsados del mercado.

Una de las prácticas más extendidas es la inclusión en los contratos de cláusulas ambiguas, de tal forma que durante la relación contractual los distribuidores pueden imponer obligaciones adicionales a las acordadas previamente; o la incorporación de cláusulas relacionadas con las restricciones territoriales de suministro, que pueden generar una fragmentación del mercado. También es habitual, en el marco de la relación contractual, que los distribuidores soliciten información confidencial sobre los productos contratados y se nieguen a firmar un acuerdo de confidencialidad, o no lo respeten, usando indebidamente la información recibida en su provecho para desarrollar sus propios productos competidores.

Esas condiciones contractuales impuestas por la parte que se encuentra en situación de superioridad y que perjudican a la parte más débil, que tiene menos poder de negociación y ninguna posibilidad de abandonar la relación, son precisamente lo que se conoce como «prácticas comerciales desleales». Estas conductas no únicamente afectan a los empresarios, también al resto de participantes del mercado, como los consumidores, y al interés público.

Por ejemplo, si un proveedor se ve obligado a firmar un contrato que le suponga un margen de beneficios reducido, su capacidad económica se ve aminorada de la misma forma que ven disminuidas sus posibilidades para invertir y desarrollar la calidad de los productos y los procesos de producción. Si disminuye la capacidad para la innovación, los fabricantes tienen dificultades para adaptar la preparación y presentación de sus productos a las expectativas de los consumidores, y no pueden ofrecer una gama más amplia de productos a precios más competitivos, lo que va en detrimento de los propios consumidores y del funcionamiento del mercado.

El hecho de que se produzcan desequilibrios en el poder de negociación de los distribuidores y sus proveedores supone que exista cierta tensión en sus relaciones comerciales, lo cual puede impedir el correcto funcionamiento del mercado. Se hace necesario, por tanto, un cambio que fomente unas relaciones basadas en la claridad, la transparencia y la lealtad.

Ante este panorama, en España se ha afrontado el problema de las prácticas comerciales potencialmente desleales en la cadena alimentaria mediante un desarrollo normativo, con la publicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que intenta corregir las deficiencias de la cadena alimentaria a través de dos vías: la autorregulación (que ha tenido como consecuencia la aprobación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria) y la intervención administrativa (con la creación de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios).

Ahora bien, la Ley de la Cadena Alimentaria, ¿protege eficazmente a los fabricantes frente a las cláusulas contractuales establecidas por los distribuidores? La respuesta a esta cuestión dependerá de cómo se haga cumplir el Código de Buenas Prácticas, así como de la actuación de la AICA.

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Este análisis solo contiene información general. No constituye asesoramiento legal sobre ningún supuesto en particular.

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