Cómo se han controlado algunas prácticas anticompetitivas en el mercado alimentario

Laura HerraezBy Laura Herraez 7 meses agoNo Comments
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Practica anticompetitiva sanción

En este artículo analizamos la existencia de prácticas anticompetitivas en el mercado alimentario a través de relevantes expedientes sancionadores resueltos por las autoridades españolas de defensa de la competencia que, en el ejercicio de su labor de supervisión, han impuesto sanciones a empresas y asociaciones en el mercado alimentario por desarrollar acuerdos de fijación de precios.

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de Competencia (LDC), busca la existencia de una competencia suficiente en el mercado de dos formas: mediante el control de concentraciones (para evitar que se creen estructuras en el mercado que afecten a la competencia) y mediante la regulación de determinadas conductas que van dirigidas a limitar la competencia (principalmente, prohíbe las conductas colusorias y el abuso de posición dominante).

El artículo primero de la LDC prohíbe cualquier tipo de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela, cuyo objeto sea restringir la competencia, ya sea para fijar precios, limitar la producción o repartir el mercado.

Así, de acuerdo con la normativa de defensa de la competencia, para que dicha conducta tenga la consideración de restrictiva de la competencia, es necesario:

  • que exista un acuerdo, decisión o recomendación colectiva o consista en una práctica concertada o conscientemente paralela;
  • que la conducta produzca o pueda producir un efecto restrictivo de la competencia; y
  • que dicha restricción afecte a un mercado determinado.

Prácticas comerciales en el sector agroalimentario

En el sector agroalimentario se ha evidenciado la realización de prácticas comerciales que, mediante la fijación de precios, restringen la competitividad de la industria en su conjunto. Las autoridades de defensa de la competencia, en el ejercicio de su labor de supervisión, han impuesto sanciones a distintas empresas y asociaciones alimentarias por infracciones de competencia.

Así, por ejemplo, en el expediente 352/94 Industrias Lácteas, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) pone de manifiesto la realización de una práctica restrictiva de la competencia consistente en la elaboración y difusión de una recomendación de precios por parte de la Federación Nacional de Industrias Lácteas en las compras de leche a los ganaderos de vacuno productores de leche, la cual fue seguida por las empresas asociadas a dicha organización, fabricantes de productos lácteos. En relación con la negociación de un acuerdo general corporativo llevado a cabo por una asociación empresarial en interés de sus asociados, el TDC manifiesta que este acto está prohibido por la norma de defensa de la competencia porque, «al sustituir la oferta colectiva a la actuación independiente y al unificar las condiciones contractuales, se está limitando la competencia que exige tanto una elaboración autónoma de las propias condiciones como su oferta individualizada por cada uno de los operadores presentes en el mercado».

Por otro lado, respecto a la actuación de las empresas por haberse aplicado los mismos precios base, a pesar de no existir ninguna prueba fehaciente del acuerdo, el TDC utiliza la técnica procesal de la prueba de presunciones, indicando que «se califica de práctica concertada aquella práctica anticompetitiva que se deriva de una identidad de comportamientos que no se explican de un modo natural por la propia estructura o las condiciones de competencia del mercado y que por esta razón induce a pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de coordinación entre los operadores económicos que no pueden ser expresamente probados». Esta misma doctrina ha sido aplicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diversas ocasiones ha manifestado que «un mero comportamiento paralelo puede, en determinadas circunstancias, constituir un indicio fundado de una práctica concertada cuando da lugar a unas condiciones en la competencia que no se correspondan a las condiciones normales de ésta. Sin embargo, cuando el comportamiento paralelo pueda explicarse por razones distintas a la existencia de una concertación, no podrá presumirse una concertación de esa naturaleza» (Sentencias del TJUE de 14 de julio de 1972, de 13 de julio de 1989 y de 31 de marzo de 1993). Con base en dicha doctrina, el TDC afirma la existencia de una práctica concertada, por haber aplicado las empresas los mismos precios en las compras de leche de vaca a los ganaderos, limitando en definitiva la competencia en el mercado.

Más recientemente, en el expediente S/0425/12 Industrias Lácteas 2, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado también a dos asociaciones sectoriales (Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia) y a varias empresas transformadoras por conductas anticompetitivas llevadas a cabo en el mercado de leche cruda, en particular relativas a la recogida de leche cruda de vaca y a la determinación del precio de la misma. En concreto, dichas prácticas han consistido en un intercambio de información comercial sensible, a escala nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. El objetivo de dichos intercambios de información, materializados en acuerdos de fijación de precios y reparto de mercado, ha sido restringir la competencia y, por esta razón, se considera una conducta restrictiva de la competencia. A este particular, la CNMC pone de relieve que los mencionados intercambios suponen una restricción de la competencia porque en un mercado como este, caracterizado por su oscilación y estacionalidad, «estarían permitiendo que las empresas evitaran, por ejemplo, competir entre sí por los ganaderos ofreciendo un precio mayor en épocas de escasez de leche, o perder el aprovisionamiento procedente de algunos ganaderos si las empresas decidían ofrecer un precio demasiado bajo en épocas de excedentes de producción».

En el subsector de la producción de azúcar, se puede citar también el expediente 426/98 Azúcar, en el que el TDC declara que varios fabricantes de azúcar han ejecutado la conducta colusoria consistente en celebrar acuerdos horizontales para la fijación, de forma directa o indirecta, del precio de dicho producto y, en consecuencia, impone las correspondientes sanciones. A este respecto, el Tribunal concluye la existencia de acuerdos para la fijación del precio de venta del azúcar, su modificación simultánea y vigilancia de su cumplimiento, favorecidos mediante prácticas de intercambio de información confidencial de cada una de las empresas azucareras. En este sentido, queda probado en el expediente que durante un cierto tiempo (por lo menos, durante un año y medio) las empresas azucareras modificaron el precio de venta del azúcar; modificaciones que resultan idénticas tanto en su cuantía como en su fecha de aplicación. Se aprecia que estas coincidencias en las modificaciones del precio de venta del azúcar para usos industriales y de las fechas en que se produjeron, suponen una concertación y, consecuentemente, una práctica prohibida por la LDC.

En los ejemplos anteriores se evidencia la gravedad de cualquier forma de coordinación llevada a cabo entre los operadores económicos para fijar precios, por la afectación negativa que provoca a la competencia la falta de autonomía de las empresas para participar libremente en el mercado alimentario.

¿Puede una organización sugerir a sus asociados los precios de compra de sus productos? ¿Pueden las empresas intercambiar directamente información sobre precios y otras condiciones comerciales? ¿Pueden varias empresas acordar a qué precio se le debe vender al consumidor final? Estas conductas, en determinadas circunstancias, pueden dan lugar a acuerdos que implican la fijación de precios, que provocan problemas en el mercado alimentario al ocasionar efectos restrictivos para la competencia.

Este análisis solo contiene información general. No constituye asesoramiento legal sobre ningún supuesto en particular.

 

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