5 consejos ante el inicio de un procedimiento sancionador

Fatima AragonesBy Fatima Aragones 6 meses agoNo Comments
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Ante los incumplimientos de la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición, incluidos los derivados de un defectuoso o insuficiente etiquetado de los productos, las Administraciones Públicas competentes están legitimadas para hacer uso de su potestad sancionadora e iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.

La principal consecuencia que puede derivarse del mismo para los operadores de empresas alimentarias es la imposición de una sanción económica que, en función de la calificación de la infracción, puede ascender a cientos de miles de euros. Asimismo, no puede perderse de vista que la Administración tiene también la facultad de imponer otras sanciones accesorias, tales como el decomiso de las mercancías, el cierre temporal de las instalaciones para infracciones muy graves, o la publicidad de las sanciones, con el consiguiente daño reputacional y pérdida de la confianza de los clientes que ello puede generar.

Incoado un procedimiento sancionador, la actuación de la empresa en la vía administrativa puede ser decisiva de cara a lograr un archivo de las actuaciones o, en caso contrario, para preparar el expediente de cara a un eventual proceso contencioso-administrativo.

Por ello, es recomendable que, recibido el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y de cara a articular la defensa en vía administrativa, se analicen ciertos aspectos tanto sustantivos como procedimentales, regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), que pasamos a explicar brevemente.

Notificación y contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento

El acto administrativo que acuerde el inicio del procedimiento debe notificarse correctamente a los interesados y contener, al menos, las siguientes referencias:

  • Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
  • Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder.
  • Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación.
  • Órgano competente para resolver el procedimiento y norma que le atribuya la competencia.
  • Indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Si la sanción tiene únicamente carácter pecuniario se aplicarán reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción, y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. A este respecto, debe tenerse en cuenta que las reducciones deben también estar determinadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento.

  • En su caso, medidas provisionales acordadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante su tramitación.
  • Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como de los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación debe indicar también que, en caso de no efectuar alegaciones en plazo al mismo, podrá ser considerado propuesta de resolución si contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, de manera excepcional, la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento puede realizarse en una fase posterior cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para realizarla. No obstante, en este caso, la Administración actuante deberá elaborar de un Pliego de cargos y notificarlo a los interesados.

Órgano competente

Debe verificarse que el órgano que dicta el acuerdo de iniciación es el competente por razón de la materia y del territorio, considerándose que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

Plazo de prescripción de la infracción

La prescripción determina que el transcurso de un período de tiempo determinado desde la comisión de la infracción extingue la posibilidad de la Administración competente de sancionar la conducta antijurídica. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, en el caso de infracciones continuadas, desde que finalizó la conducta infractora.

El plazo concreto de prescripción de las infracciones se establece en la norma sancionadora, y se interrumpe en el momento en que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor.

Revisión de los hechos

Debe realizarse un análisis de los hechos para verificar la realidad de la imputación que se realiza por parte de la Administración actuante y, en su caso, determinar los medios necesarios para acreditar que los hechos no se han producido, que no constan acreditados, que no constituyen la infracción imputada o que concurren circunstancias que pueden modular una eventual sanción.

Principios que rigen la potestad sancionadora

Además de las cuestiones procedimentales expuestas, debe revisarse el acomodo del ejercicio de la potestad sancionadora a los principios que rigen su ejercicio. A saber:

  • Principio de legalidad: según el cual la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y por el órgano competente. Asimismo, este principio implica que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley.
  • Irretroactividad: que implica, por una parte, que las disposiciones sancionadoras no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, y por otra parte, que esas disposiciones sí pueden aplicarse retroactivamente cuando favorezcan al presunto infractor.
  • Principio de tipicidad: que implica la necesidad de que las conductas ilícitas y las correspondientes sanciones estén predeterminadas en la norma. Por ello, únicamente podrá imponerse la sanción cuando los hechos sean perfectamente subsumibles en el tipo infractor, pues las normas definidoras de infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica.
  • Responsabilidad: es esencial, y así lo viene reconociendo nuestra jurisprudencia, que concurra el elemento subjetivo de la culpabilidad, es decir, que el supuesto infractor sea responsable de la comisión de la infracción, sea a título de dolo o de culpa.
  • Principio de proporcionalidad: según el cual, en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se debe observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. Es importante por cuanto nuestro ordenamiento jurídico, al regular las sanciones, lo hace de una manera flexible, dejando margen de apreciación a la Administración para graduar la sanción sobre la base de ciertos criterios como la reincidencia o la naturaleza de los perjuicios causado.
  • Principio non bis in idem: pues no podrán ser objeto de sanción los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Todos los aspectos expuestos deben ser objeto de análisis ante la apertura de un procedimiento sancionador, pues de ellos dependerá en gran medida el éxito de las alegaciones que se formulen en vía administrativa y, en su caso, en vía de recurso.

Si precisa de asistencia jurídica en esta materia, el Departamento de Derecho Alimentario de ainia, cuenta con abogados expertos en Derecho Administrativo que podrán asesorarle, ofreciéndole soluciones y representándolo, en su caso, tanto en vía administrativa como en un eventual procedimiento contencioso-administrativo.

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